Ardor e indignación causó la versión de la Fiscalía General de Chihuahua en torno al asesinato de Alonso González Núñez, reconocido catedrático de artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues las autoridades lo han pintado como un hombre esclavo de sus pasiones homosexuales, y aseguran que fue por ellas por las que lo mataron.

La Fiscalía calificó el homicidio como un “crimen pasional”, cuando dichos crímenes no existen. Se les llama, en todo caso, crímenes de odio, pues de tener algo de cierta la versión oficial, sería el odio hacia una preferencia sexual distinta el detonante del crimen, y no la “pasión” entre dos personas.

Pero manchar el nombre de los muertos es la especialidad de la casa en la FGE, bajo el mando de Carlos Manuel Salas. Recordemos, solo por mencionar un ejemplo, el caso de las estudiantes de la UACh, Arlet Mendoza  Núñez y Tania Rubí Martínez Salinas, quienes fueron salvajemente violadas y degolladas.

En vez de dar con el culpable, la Fiscalía se apresuró a destacar sus preferencias sexuales, como si ello fuera motivo suficiente para que las hubieran asesinado de una manera tan atroz.

Lo que no dijeron es que una de ellas había testificado contra el líder de una banda de robacoches, su ex novio, y que por esta razón ella debía haber contado con protección del Estado. Pero nada de eso, prefirieron ventilar su vida personal que ubicar y castigar a los asesinos.

Lo que no han acabado de comprender el fiscal y su equipo es que existen los derechos post mortem de la persona. Estos son: el cumplimiento de la voluntad del destino de las propiedades, el tratamiento decoroso de su cadáver y restos, y el respeto a la honra y la personalidad jurídica.

Encima, existen serios huecos en la investigación, pues Alonso González medía 1.90 metros y pesaba cerca de 90 kilos. ¿Cómo pudo cargarlo, transportarlo y enterrarlo solo Antonio Elías Aranda Gutiérrez, un joven mucho más delgado.

Bien haría la Fiscalía en concentrarse en dar justicia a los muertos y a sus familias y no revictimizarlos a todos, pues el linchamiento mediático y la mentalidad inquisidora del “por algo los matan”, solo llevan más dolor a las familias y más impunidad a los criminales. ¡Trabajen bien!

Y hablando de asesinatos y omisiones, justo cuando se llevaban a cabo las mesas de diálogo entre Raymundo Romero, secretario general de Gobierno, el fiscal Carlos Manuel Salas y representantes de los habitantes de Creel, policías levantaban los cadáveres de tres ejecutados.

Los cuerpos pertenecían a Marco Antonio Bustillos Grijalva, Aldo Saúl García Villalobos y Víctor Paúl García Villalobos quienes fueron encontrados luego de que sus asesinos los “levantaran” en un camino de terracería cercano: una muestra de la efectividad de estas mesas de negociación y de que, por mucho que lo cacareen, en la Sierra no hay paz ni legalidad.

Siguiendo con la atención a los municipios, pero en otros temas, ayer el gobernador César Duarte se reunió con los alcaldes electos de Belisario Domínguez, Gran Morelos, Santa Isabel, San Francisco de Borja, Riva Palacio y Nonoava.

Pero mientras unos llegan, otros se van, pues ayer el mandatario volvió a hablar de los inminentes cambios en el gabinete, y aunque no dio pistas sobre los nominados, los nombres ya hierven entre los politólogos de café. Podríamos mencionarle muchos además de los de días pasados, pero de momento todo es especular. Solo Duarte sabe quién se queda y quién se va.

Pero estas no son las únicas ocupaciones del mandatario, quien tiene su prioridad puesta en conseguir recursos para aliviar los desastres causados por la mala planeación de obras, omisiones y contingencias que salieron a relucir con las recientes lluvias.

Los expedientes se llenan de la forma más detallada y específica posible para que el Fondo Nacional de Desastres Naturales no ponga “peros” y se extienda la declaratoria emitida por la Secretaría de Gobernación el jueves pasado, que cubre 13 municipios en emergencia y 10 más en desastres.

Pero esta solicitud por inundaciones no anula la solicitud pendiente por la sequía, de 3 mil millones de pesos.

Mientras, muchos funcionarios brindan y se regocijan pues, según datos del Coneval, 100 mil chihuahuenses dejaron la pobreza extrema en 24 meses y ahora son simplemente pobres, no miserables.

Estaría por ver qué criterios usa el Coneval, porque a más de uno le suena a atole con el dedo y muchos de estos datos no son tan visibles cuando uno mira hacia colonias como la Nuevo México, Granjas Cerro Grande o San Rafael. Habrá que contrastar.

Y para empezar a retomar los temas grillescos, ya superada la resaca electoral, está el agarrón que hubo en el PAN entre Mario Vázquez y Cruz Pérez Cuéllar, pues empezaron a cargarse el muertito de las derrotas, pues de que arrasaron al PAN, lo arrasaron.

Vázquez, como era de esperarse, destacó la victoria en Delicias, Cuauhtémoc y otras plazas menores, victorias a las que nada aportó, acusaron.

Cruz Pérez Cuellar sacó las uñas luego de que el CDE presentara un informe de la reconquista de posiciones perdidas durante los años que él estaba al frente del PAN.

Pérez Cuéllar reviró y espetó a sus líderes que el PAN gobierna hoy a menos personas que en los últimos 25 años. El dato duele.