Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la pobreza en México aumentó de 52.8 a 53.3 millones en el periodo 2010 a 2012, datos que contradicen el lema de gobierno que sonaba a burla: “Vivir Mejor”.

Sin embargo, el tema de la pobreza fue desplazado de inmediato por la guerra civil que se vive en Michoacán y otras regiones del país, pues incluso en esta columna dejamos el tema pasar, pero ahora lo retomamos.

Sin embargo, tratemos de dejar atrás el sexenio genocida de Calderón y centrémonos en éste, el de Enrique Peña Nieto, pues si bien salió con un aire triunfalista a decir que ahora, gracias a su gobierno, en México hay menos pobres, otros datos lo refutan; veamos.

Para Amnistía Internacional el panorama no es nada alentador, al contrario, es “escalofriante” según aseguró en un comunicado en el que afirma que casi 90 millones de personas enfrentan cuando menos una carencia social, y que esos que según el gobierno ya dejaron de ser pobres, están en un riesgo inminente de volver a caer en el umbral de pobreza.

Aquí, de fondo, va la nula transparencia de la política social del no tan nuevo presidente, pues no se rinden cuentas sobre cómo se distribuyen los apoyos sociales: a quién, bajo qué criterios o, en resumidas cuentas, qué diablos hacen con los miles de millones de pesos destinados a este tema tan sensible.

Es por eso que repetimos lo señalado hace unos meses en este mismo espacio: Los mexicanos en general y los chihuahuenses en particular vemos las megatransas, el mal gobierno y la corrupción, de manera similar con la que vimos las lluvias torrenciales de hace un par de semanas, como una gran e inevitable calamidad, en la que solo nos queda refugiarnos en lo individual.

Pero no es lo mismo un huracán o un frente frío que un programa gubernamental mañoso o una obra pública presupuestalmente inflada y malhecha. Tampoco es lo mismo una sequía o un terremoto que un gobierno integrado por criminales y sicarios, pues en México lo que hay, según documentos de la ONU, es narco de Estado, es decir, que quienes dicen perseguir los delitos, son precisamente quienes están detrás de ellos.

Dejemos el paraguas, que ya es tiempo de reparar las fugas, pues lo que se fuga no es agua, es la vida de decenas de miles de chihuahuenses y mexicanos.

En respuesta a esta violencia que ya es cotidiana, el gobernador César Duarte estará hoy en Washington para recibir una nueva certificación para los penales, pos su buen manejo e implicaciones positivas, pues aunque hay muchas transas aún por erradicar, lo cierto es que se acabaron los motines y las fugas que eran tan habituales como los resultados del futbol.

También abordarán temas económicos como proyectos industriales y normas fitosanitarias para el ganado, lo que en verdad les importa a los gringos, para lo cual se hará acompañar de tres de los supuestos sentenciados de su equipo: Carlos Manuel Salas, Álvaro Navarro Gárate y Octavio Legarreta.

Luego el mandatario viajará a Campeche, donde se presentará el informe de Fernando Ortega Bernes, gobernador de aquella entidad, pero más importantes que el informe serán los encuentros entre Duarte y los meros meros del PRI (y del país) a nivel nacional como César Camacho y Emilio Gamboa

Pero volviendo a los sentenciados, no hay plazo que no se cumpla y ayer el gobernador Duarte designó a Jorge Ramírez como director del Centro para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que hacía meses había dejado uno de los tejedores de la reforma procesal penal, César Cabello.

Así se cumplió lo que le avisamos, que Jorge Ramírez se integraría al gobierno luego de la paliza que le dieron en Cuauhtémoc, pues es sabido que Duarte no abandona a su gente, si no, nada más vea cómo le va a sus compadres.

Pero ya que hablamos de abandonos, está el caso de Jesús Manuel Ramírez, alcalde de San Francisco del Oro, quien puso de nervios a la gente en Palacio, no por su paradero, sino por el paradero de los millones que tenía a su cargo, pues hay quien sospecha que le metió mano a la lana y huyó con ella.

Lo cierto es que no está del todo desaparecido, pues ya se comunicó con Mario Vázquez y se reunió con el auditor superior, pero aun así hay sospecha de malos manejos, no solo en el caso de Ramírez, sino en varios ayuntamientos. A unas semanas de concluir el encargo habrá que cuidarles las manos más que nunca.

Y hablando de Mario Vázquez, el paisano espera llevar a cerca de 200 delegados con derecho a voz y voto a la asamblea de su partido, para que le entren al agarrón entre Gustavo Madero y las tribus rebeldes que quieren su cabeza.