Chihuahua

Acuerdan retirar a militares de espacios públicos

El Congreso del Estado acordó solicitar a los 3 niveles de gobierno que en la medida de las posibilidades se ofrezca a los militares que refuerzan la vigilancia en algunas zonas de la entidad, lugares adecuados para su estancia y evitar que ocupen aquellos lugares públicos destinados a la práctica del deporte y la recreación, conforme a una solicitud planteada inicialmente por diputados del GPPAN, en voz de la legisladora Patricia Flores.

Al hacer la presentación de una solicitud recabada entre habitantes de diversos municipios, la diputada panista Patricia Flores indicó que ante el clima de inseguridad que prevalece en la entidad, la presencia de efectivos militares se volvió indispensable en algunos puntos específicos.

Esa coordinación y apoyo de fuerzas federales es primordial y benéfica para la población, sin embargo, al carecer de lugares propicios para su alojamiento los ubican en canchas deportivas o gimnasios en donde se da una interacción de riesgo con los ciudadanos que acuden a esos espacios públicos.

Es por eso que el Congreso del Estado acordó de manera unánime emitir el citado acuerdo con el fin de que se tome en cuenta la búsqueda de lugares más apropiados para el alojamiento del personal castrense, llamado que se hará a los tres órdenes de gobierno.

Por su parte la diputada panista Patricia Flores expresó que dicha propuesta presentada en la más alta tribuna del estado, obedece a la inquietud de habitantes de algunos municipios recorridos como parte de su trabajo de enlace con la sociedad tanto para dar a conocer su labor como para dialogar con ciudadanos que le plantean diversas necesidad de su comunidad.

Chihuahua

Pérez Cuéllar demanda transparencia en sesión de la JMAS

Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Chihuahua, exigió la difusión completa de la sesión del Consejo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) celebrada el 29 de octubre. El dirigente solicitó al director ejecutivo del organismo, Marco Alberto Paredes Arroyo, que publique la grabación sin cortes, así como el acta y los documentos presentados durante la reunión.

Pérez Cuéllar cuestionó la falta de disponibilidad del video en YouTube y demandó una explicación pública sobre lo ocurrido con la transmisión. “Si me acusa de mentiroso, le lanzo un reto muy sencillo: que publique la sesión completa, sin cortes, junto con el acta y los documentos presentados a los consejeros. Que las y los juarenses vean cómo se condujo y saquen sus propias conclusiones”, expresó.

El líder morenista afirmó que la conducción de la reunión presentó irregularidades y consideró fundamental que la ciudadanía tenga acceso al material para conocer cómo se desarrolló. “¿Por qué ya no está disponible la sesión? Si la bajaron, ¿por qué lo hicieron? Sostengo que su conducción fue desaseada. Si el director asegura que todo fue transparente, que lo demuestre haciendo pública la grabación completa”, añadió.

Además, Pérez Cuéllar subrayó que las decisiones relacionadas con las plantas de tratamiento y los compromisos financieros de la JMAS deben estar sujetas al escrutinio público, dado que involucran recursos destinados a un servicio esencial para la población.

En otro tema, el dirigente solicitó al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que expliquen las autorizaciones otorgadas al Residencial Gardeno durante sus administraciones, así como los argumentos que respaldaron dichas decisiones. “Así como hoy hace señalamientos, también sería importante que el PRIAN explique a los vecinos y a toda la comunidad de Juárez qué aprobaron cuando gobernaban y por qué lo hizo. Las familias tienen derecho a conocer esa información”, afirmó.

Pérez Cuéllar indicó que miembros de ambos partidos participaron en una sesión donde se aprobó por unanimidad una modificación relacionada con el desarrollo habitacional y formaron parte de la Comisión de Desarrollo Urbano. “El PRIAN debe explicar sus propias decisiones. Aparecen sus miembros en una sesión donde se aprobó por unanimidad una modificación de Gardeno y también formaron parte de la Comisión de Desarrollo Urbano. ¿Qué revisaron antes de aprobar? ¿Qué estudios respaldaban esa decisión? ¿Qué condiciones exigió para proteger a las familias?”, cuestionó.

Finalmente, el dirigente planteó la necesidad de revisar el expediente completo para conocer el alcance de las autorizaciones y las responsabilidades de quienes intervinieron, sin establecer una relación anticipada con las inundaciones. “Hoy exige explicaciones y tiene derecho a hacerlo, pero también debe rendir cuentas de su actuación. Las familias merecen conocer qué se autorizó, con qué sustento y qué seguimiento se dio. Que se abra el expediente completo y que cada quien responda por sus decisiones”, concluyó.