LONDRES, 23 de mayo.- La gran mayoría de los 12 mil homicidios cometidos en México en 2011 por la violencia generada por el narcotráfico nunca se han investigado, y también siguen impunes cientos de crímenes de mujeres y ataques a periodistas y activistas, denuncia el último informe de Amnistía Internacional divulgado hoy.

Esa organización defensora de los derechos humanos acusa a los cárteles de las drogas y otras bandas de matar y secuestrar a miles de personas el pasado año, aunque advierte de que en ocasiones han actuado «en colusión» con policías mexicanos u otros funcionarios públicos.

En su Informe anual 2012, presentado en Londres, AI reseña que más de 12 mil personas murieron en la violencia resultante de la lucha entre grupos de narcotraficantes y contra las fuerzas de seguridad por el control de territorios, aunque destaca que «la gran mayoría de estos homicidios nunca se investigaron».

Recuerda también que el pasado año fueron asesinados 40 soldados y 500 policías.

Además, Amnistía Internacional considera «generalizada» la violencia contra las mujeres en México, donde se denunciaron «un gran número» de homicidios y los responsables siguen eludiendo la justicia en la mayor parte de los casos, añade.

Menciona que solo en Ciudad Juárez fueron asesinadas más de 320 mujeres.

La ONG señala que también debido a la violencia al menos nueve periodistas murieron y que decenas más sufrieron ataques e intimidación, y subraya que la «impunidad» fue «la norma en la mayoría de estos crímenes», pese a que hay una fiscalía especial para esos delitos.

Según AI, como consecuencia de esa intimidación la información publicada en la prensa local sobre delincuencia y seguridad pública era escasa o casi inexistente en algunas regiones de elevada criminalidad.

Por otra parte, AI denuncia que grupos narcotraficantes y otras bandas fueron responsables de secuestros, violaciones y homicidios entre los miles de migrantes irregulares que atravesaron México con intención de llegar a Estados Unidos.

La organización califica de inadecuadas las medidas adoptadas por las autoridades federales y estatales para prevenir y castigar los abusos de funcionarios de inmigración y garantizar el acceso a la justicia.

Sin embargo, destaca que se aprobaron leyes sobre refugiados y migración para mejorar la protección legal de los derechos de esas personas.

Por otra parte, AI critica que el Gobierno mexicano no adoptara medidas efectivas para prevenir o investigar las «violaciones graves y generalizadas» de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas y la policía, entre las que cita desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

Destaca que la justicia militar se encargó de casi todas las investigaciones de abusos contra derechos humanos cometidos por militares y que rechazó la gran mayoría de denuncias «sin una investigación efectiva».

Con respecto a la justicia penal, AI denuncia que la detención preventiva sin cargos (conocida como arraigo) durante 80 días se siguió utilizando en México  de manera generalizada, lo que, a su juicio, «facilitaba la tortura y otros malos tratos y socavaba las garantías procesales».

Resalta, por otra parte, la entrada en vigor de reformas legales que obligan a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar las normas internacionales de derechos humanos con categoría de constitucionales, y que refuerzan las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.