El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, con el propósito de establecer un nuevo modelo de reinserción social, abatir la sobrepoblación promedio de 137 por ciento en los 431 centros de reclusión del país y reclasificar los penales federales en seis niveles, desde mínima hasta súper máxima seguridad.

Con 311 votos a favor, 12 en contra y cinco abstenciones, los diputados federales avalaron así la nueva legislación, nueves meses después del plazo fijado por la reforma constitucional en materia de justicia penal aprobada en 2008.

La Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones crea la figura de los jueces de ejecución, como autoridad responsable de computar y modificar las sentencias de los internos, en sustitución de los órganos administrativos que hoy hacen esa tarea.

Los reos sentenciados pueden obtener los beneficios de libertad vigilada, en función de las evaluaciones técnicas aplicadas por personal especializado.

El dictamen presentado por las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública prevé igualmente la aplicación de estrictas medidas disciplinarias, con garantías de respeto a los derechos humanos de los internos.

Al término de la votación, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el nuevo ordenamiento al Senado de la República, para su análisis, dictamen y, en su caso, ratificación.