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Chihuahua

Asciende a 340 mdp la cifra de gastos sin especificar uso ni destino en 13 municipios

La Auditoría Superior del Estado, presentó ante la Comisión de Fiscalización, el informe de las auditorías practicadas a los 67 municipios del estado, de los cuales reprobó a 13 en materia de rendición de cuentas en el último trimestre, emitió más de 400 observaciones para ese número de localidades, mismas que ascienden a más de 340 millones de pesos, por lo que tendrán que clarificar en su uso y destino, pues a partir de ayer la comisión tiene en sus manos determinar si esos casos tienen vistas a la Fiscalía, por la posible comisión de delitos.

La Auditoría Superior del Estado, presentó ante la Comisión de Fiscalización, el informe de las auditorías practicadas a los 67 municipios del estado, de los cuales reprobó a 13 en materia de rendición de cuentas en el último trimestre, emitió más de 400 observaciones para ese número de localidades, mismas que ascienden a más de 340 millones de pesos, por lo que tendrán que clarificar en su uso y destino, pues a partir de ayer la comisión tiene en sus manos determinar si esos casos tienen vistas a la Fiscalía, por la posible comisión de delitos.

En el caso del municipio de San Francisco del Oro, se encontró que además de entregar préstamos personales sin comprobar por 2 millones 913 mil pesos, se desconoce el destino de 1 millón 719 mil 254 pesos que entregó al ayuntamiento para alumbrado público y para la construcción de un Centro Avanzado de Salud.

El municipio en mención acumula más de 50 observaciones más entre las que se encuentran irregularidades que superan los 4 millones de pesos, es decir, que mantiene un saldo en contra de casi 9 millones de pesos, a lo que se debe sumar que omitió el informar de un adeudo por 8 millones de pesos a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

En el caso de Casas Grandes, existe una diferencia entre los montos señalados para la rehabilitación de parques infantiles por un millón y medio de pesos, así como de 100 mil pesos más que se señalaron para la construcción de dos gimnasios al aire libre, además de montos por 400 mil pesos de cheques expedidos de gastos por comprobar, de los cuales se desconoce su paradero.

En el municipio de Huejotitán, se encontró que el presidente municipal de la administración pasada, Julio César Chavira Molina, se aprobó, gastos de representación, mismos que ya estaban contemplados 102 mil pesos de gastos de representación además de gastos de viáticos por 46 mil pesos, en uno solo de sus viajes.

Bajo éstos antecedentes el municipio de Casas Grandes, que preside Luis Javier Mendoza Valdez, de extracción perredista fue el que peor calificación recibió en el último trimestre que le correspondió en cuanto a las auditorías, con un 42.50 por ciento, al ser encontradas severas irregularidades y faltantes de información respecto de la utilización de recursos.

La multicitada administración de Jesús Manuel Ramírez Alvarado, en San Francisco del Oro reprobó con un 55.55, tras comprobarse que las irregularidades que sobrepasan los 3 millones de pesos son ciertas.

Estos dos municipios de no haber algún proceso extraordinario en el que comprueben o regresen los recursos que no están comprobados, deberán tener vistas a la Fiscalía General del Estado.

Huejotitán con el 73.43 por ciento, Coyame del Sotol con el 73.79, Uruachi con el 80.44 y Moris 82.08, no presentaron la información requerida, por lo que se consideró incumplido el proceso de transparencia que todo Gobierno, del nivel que sea, está obligado a ofrecer a sus gobernados.

Guadalupe y Calvo con el 82.27, Morelos con el 87.73, San Francisco de Borja con el 88.28, Urique con el 88.65, Madera con el 88.69, La Cruz con 89.08 y Chínipas con un 89.29%, estuvieron a punto de salir del semáforo amarillo que señala el incumplimiento y la calificación reprobatoria, pero se quedaron en la raya y ahora deberán enfrentar las observaciones de la Asech.

Aunque parezca severo el aplicar un margen del 90%, para aprobar las auditorías, en realidad es todo lo contrario, ya que de no aprobar significa que el 10% de los parámetros medibles de la administración no han sido cubiertos, que se desviaron recursos, que no se hizo un trabajo por el que se cobra y se paga con dinero de la ciudadanía, que no hubieron personas calificadas o que por acción u omisión se incurrió en faltas graves para la transparencia y confiabilidad de los gobiernos.

MUNICIPIOS REPROBADOS:

1. Casas Grandes 42.50

2. San Francisco del Oro, 55.55

3. Huejotitán 73.43

4. Coyame del Sotol 73.79

5. Uruachi 80.44

6. Moris 82.08

7. Guadalupe y Calvo 82.27

8. Morelos 87.73

9. San Francisco de Borja 88.28

10. Urique 88.65

11. Madera 88.69

12. La Cruz 89.08

13. Chínipas 89.29

Fuente: El Heraldo de Chihuahua.

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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