Chihuahua

Beneficia CONAFE con recurso económico a Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria

Durante 2013, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Delegación Chihuahua, a través del Fondo de Fortalecimiento Comunitario para la Educación, entregó a 95 Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC)del Estado, apoyo por 1 millón 128 mil pesos.

El financiamiento fue distribuido entre 8 regiones atendidas por CONAFE: : Balleza: $118 mil pesos; Batopilas, $116 mil; Carichí, $36 mil; Guadalupe y Calvo, $442 mil; Guachochi, $246 mil; Guazapares, $36 mil; Morelos, $72 mil y Urique, $12, mil pesos, informó el Delegado Federal CONAFE, Felipe González Bermúdez y agregó que dicha estrategia forma parte de las acciones implementadas en el Programa Institucional para abatir el Rezago Educativo Inicial y nivel básico.

El recurso económico, se entrega mediante el Programa FORTALECE a APEC, para administrarlo en favor de Centros Comunitarios Educativos CONAFE, en base al programa de trabajo elaborado por padres, madres de familia, integrantes de la Asociación Promotora e instructores comunitarios y generalmente es utilizado en el pago de Servicios Básicos, como agua y luz; comprar material didáctico, artículos deportivos, botiquín escolar, limpieza y mantenimiento de infraestructura.

Subrayó González Bermúdez, que por medio de dichas acciones compensatorias, el padre y madre de familia se comprometen a envía a sus hijos a la escuela, apoyarlos en sus tareas escolares, mantener comunicación con Líderes Educativos con el fin de conocer avances y desempeño de sus niños y niñas, asistir a reuniones convocadas por CONAFE y participar en el desarrollo escolar y de la localidad.

Por su parte, la Directora Nacional de CONAFE, Alma Carolina Viggiano Austria, en diversos foros nacionales ha manifestado que, para brindar una educación integral es necesario sumar el trabajo de los padres de familia al proceso de formación de las niñas y niños.

Algunas de las comunidades beneficiadas en Guadalupe y Calvo: Talayotes, La Yerbabuena, Galeana, Chicorimpa, Momora, La Joya, El Potrero de Herrera, Rancho Blanco, San Francisco, Los Laureles, Tarahumares, Santa Rosalía y Cuevitas, entre otros.

Guachochi: Requeachi, Sarabeachi, Rorogochachi, Yegochi, Mesa de Ocote, Barahuarachi, Nonoava, Basigochito, Los Chiqueros y Mesa de los Surcos, entre otros.

Carichi: Arroyo del Agua, El Consuelo y Cholimova.

Batopilas: La Palma, San José de Valenzuela, Colimas, Loreto, Satevó, Carboneras, El Rodeo, Los Guayabos, Pitorreal, San Isidro, Cerro Prieto y Subiachi, además de otras 2 localidades.

Balleza: El Gavilán, El tigre, Los Pilares, La Lagartija, Puerto de los chiles, La Joya del Río, Bajío Grande, Comunidad Río, San Esteban y Arroyo del Agua.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.