Distrito Federal— El Senado pretende realizar 50 cambios a la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto para garantizar el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia en las nuevas empresas productivas del Estado en las que se convertirán Pemex y la CFE.

David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, explicó que todas las acciones de las empresas quedarán sujetas a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, pero en el marco de un «nuevo modelo único», que incluye controles adicionales.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, que se discutirá mañana en comisiones, las nuevas disposiciones permitirán prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos u omisiones irregulares, ilegales y negligentes.

«Se incluyen muchas reglas de transparencia, de la iniciativa original del Ejecutivo, frente al proyecto de dictamen hay más de 50 cambios. El reforzamiento de los órganos de vigilancia de los consejos de Administración y la rendición de cuentas es algo por lo que se va a distinguir el dictamen», dijo.

«Es un modelo jurídico específico, para un nuevo modelo energético. Es un modelo innovador, un modelo propio, de características específicas, con estándares internacionales, que la apuesta a la transparencia y el combate a la corrupción».

«¿Aplicará la Ley Federal Anticorrupción al nuevo régimen?», se le preguntó.

«Tenemos ordenamientos adicionales a lo que marca la Ley Anticorrupción, habrá cosas en los que aplique el modelo de la nueva legislación anticorrupción, pero habrá elementos propios de un modelo público-privado que es el que mandata la Constitución», respondió.

En el documento se da creación a un sistema de denuncias y quejas anónimas para que cualquier persona pueda señalar actos u omisiones que permitan perseguir conductas ilícitas.

«Para la celebración y ejecución de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, el Consejo de Administración de Pemex (…) Emitirá los mecanismos para instrumentar un sistema de recepción de denuncias y quejas anónimas, mediante el cual, cualquier interesado pueda denunciar actos u omisiones durante las distintas etapas del procedimiento de contratación o durante la ejecución del contrato», se estipula en el documento.

En el proyecto se añade que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información resulta insuficiente para el nuevo régimen de las empresas, por lo que Pemex y CFE quedarán obligadas a presentar al Gobierno federal informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica.

Las dos instituciones estarán sujetas a lo que establece la Ley del Mercado de Valores y a un catálogo de disposiciones que serán incluidas en los capítulos de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras.

«Una nueva sección especializada en medidas para garantizar la integridad de las contrataciones que realicen Pemex, CFE y sus empresas subsidiarias», se establece.

Además, los consejos de Administración emitirán nuevas medidas para el combate a la corrupción, entre las que se encuentran mecanismos para identificar con claridad a los funcionarios responsables de los procesos y ejecución de los contratos.

También se pondrá en marcha un sistema de información sobre proveedores y contratistas, con datos de los últimos cinco años sobre su nacionalidad, ubicación, giro, constitución legal y actividad económica.

Deberán proporcionar información sobre los contratos celebrados, el desempeño y cumplimiento en tiempo, aplicación de penalizaciones y calidad de los bienes o trabajos.

El registro contemplará certificaciones, resultados de evaluaciones, cumplimiento en normas de seguridad industrial y operativa.

Se mantienen las propuestas del Ejecutivo para contar con un auditor externo y para que las empresas queden sujetas a las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

También se adicionan nuevos mecanismos de transparencia para los procesos de contratación que, por regla general, deberán ser por concurso abierto, previa convocatoria pública.

Se detalla que las propuestas podrán ser presentadas y analizadas a través de medios electrónicos.

Según el proyecto, el Consejo de Administración podrá prever distintos mecanismos de adjudicación como subastas ascendentes y descendentes, o subastas al primer precio en sobre cerrado.

«En los procesos de licitación se deberán contemplar criterios de desempate, los cuales se incluirán en las bases de licitación correspondientes».

Se agrega que, en cualquier caso, los procesos de licitación se deberán llevar a cabo bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez.

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