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Chihuahua

Creará Gobierno del Estado Comisión contra Trabajo Infantil

El gobierno de Chihuahua creará una comisión encargada de prevenir y combatir el trabajo infantil en el Estado, con el propósito de que los niños y adolescentes de edad no permitida para laborar, tengan un desarrollo integral y permanezcan en el sistema educativo.

El gobierno de Chihuahua creará una comisión encargada de prevenir y combatir el trabajo infantil en el Estado, con el propósito de que los niños y adolescentes de edad no permitida para laborar, tengan un desarrollo integral y permanezcan en el sistema educativo.

Dicha Comisión, que presidirá el gobernador César Duarte Jáquez, fungirá como un órgano de apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y estará conformada por diversas instituciones de gobierno del Estado, del sistema DIF, así como cámaras empresariales, sindicatos, de Derechos Humanos y de las delegaciones federales de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social del gobierno de la República. Todos tendrán voz y voto.

De acuerdo con este programa, se entenderá por Trabajo Infantil  a toda actividad económica o estratégica de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas que no cumplan con la edad mínima de admisión al empleo, no hayan finalizado la educación básica o que no hayan cumplido los 18 años, si se trata de trabajo peligroso.

Entre las funciones que tendrá la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil destacan la elaboración de un diagnóstico respecto de la realidad del trabajo infantil en el Estado de Chihuahua; elaboración del programa; diseño de campañas de prevención; vigilancia del cumplimiento de la normatividad nacional e internacional ratificada por nuestro país; creación de grupos de trabajo para desarrollar temas específicos relacionados con los objetivos del programa; coordinar  las acciones con las Presidencias Municipales del Estado; proponer estrategias que fortalezcan la atención integral de la niñez y adolescencia; organizar actividades que hagan visible la problemática del trabajo infantil y su entorno, especialmente en el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil que se celebra el 12 de junio; realizar actividades tendientes a sensibilizar a las familias acerca de la importancia de que las niñas y los niños permanezcan en el sistema educativo; exhortar a los empleadores, empresarios y sindicatos al cumplimiento estricto de la normatividad en materia de edad mínima para la admisión al empleo.

La Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil entrará en funciones tras la publicación del acuerdo de su creación en el Periódico Oficial del Estado, lo cual se tiene contemplado para el próximo mes de mayo.

Cabe mencionar que el año pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de gobierno del Estado llevó a cabo diversas inspecciones en centros de trabajo y en coordinación con el sistema DIF y otras instituciones, se instalaron cerca de diez albergues en sendos municipios, en los que se atendió a los hijos menores de jornaleros agrícolas de otras entidades.

Según estadísticas del gobierno de la República, en cuanto al índice de trabajo infantil en el país, Chihuahua registra el menor número de niños y adolescentes desempeñando una labor para recibir una remuneración económica, siendo Guerrero la entidad con mayor índice.

trabajo infantil

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Chihuahua

Corrupción evidente: El proyecto de Andrea Chávez por la candidatura caería por su hermano

El proyecto de Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 enfrenta uno de sus momentos más delicados. A los cuestionamientos que ya perseguían a su grupo político por la cercanía de la senadora con Adán Augusto López Hernández y el escándalo de La Barredora, ahora se suma un problema dentro de su propia familia: Gregorio Chávez Treviño, hermano de la legisladora, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión en Liconsa.

Las observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluyen pagos registrados a nombre de proveedores fallecidos, recursos entregados a productores que presuntamente no reunían los requisitos establecidos y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.

La Cuenta Pública 2023 detectó alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y derivó en acciones encaminadas a determinar posibles responsabilidades administrativas. Gregorio Chávez era entonces gerente estatal del organismo en Chihuahua.

El escándalo amenaza con convertirse en algo mucho mayor que un problema administrativo para su hermano: ocurre cuando Andrea Chávez intenta consolidar su candidatura y cuando su principal grupo de respaldo político ya enfrenta un fuerte desgaste.

Pagos a proveedores que ya habían muerto

Entre las anomalías detectadas aparece una especialmente grave.

En operaciones relacionadas con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 fueron identificados pagos superiores al millón de pesos a nombre de dos proveedores que habían fallecido.

Uno murió el 5 de febrero de 2023 y el otro el 4 de marzo. Pese a ello, posteriormente continuaron registrándose pagos relacionados con el contrato.

La ASF detectó las inconsistencias mediante el cruce de los datos de los proveedores con registros oficiales de defunciones.

A ello se agregan otros señalamientos.

La fiscalización encontró recursos entregados a productores que presuntamente no cumplían las condiciones necesarias para acceder al precio de garantía y operaciones en las que no pudo acreditarse adecuadamente la recolección y traslado de la leche.

Las observaciones conocidas no constituyen por sí mismas una sentencia contra Gregorio Chávez. Corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y a los involucrados solventar las observaciones.

Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó.

Morena pide investigar al hermano de Andrea

El caso consiguió algo poco habitual en la polarizada política chihuahuense: legisladores de Morena y PAN coincidieron públicamente en que Gregorio Chávez debe ser investigado.

Desde Morena se ha sostenido que el partido no debe proteger a nadie en caso de comprobarse irregularidades, mientras desde la oposición comenzaron a exigir investigaciones y responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.

El problema para Andrea Chávez es evidente.

Su hermano no ocupaba un puesto menor. Fue nombrado delegado estatal de Liconsa en noviembre de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial difundida públicamente, reportó ingresos netos anuales por más de 839 mil pesos provenientes de ese cargo.

Ahora su gestión aparece directamente alcanzada por una fiscalización que incluye millones de pesos sin aclarar y procedimientos para determinar eventuales responsabilidades.

Y todo ocurre mientras su hermana pretende convencer a Morena de entregarle la candidatura para administrar Chihuahua.

De Adán Augusto a La Barredora

El nuevo escándalo tampoco llega a un proyecto político intacto.

Andrea Chávez ha mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto López Hernández, quien durante años fue uno de sus principales impulsores nacionales. Esa cercanía se convirtió en un problema después de que el nombre del tabasqueño quedara políticamente atrapado en el caso de Hernán Bermúdez Requena.

Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y posteriormente fue acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora.

El impacto sobre el proyecto chihuahuense no es nuevo: desde antes se advertía que los problemas políticos de Adán Augusto podían terminar perjudicando las aspiraciones de Andrea Chávez debido a la cercanía entre ambos y al respaldo que el tabasqueño brindó a su eventual candidatura.

Ahora el golpe ya no procede únicamente de su principal aliado político. Procede de su propia familia.

Hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a Andrea Chávez o a Gregorio Chávez con La Barredora, ni que relacione las operaciones observadas en Liconsa con esa organización.

Lo documentado es otra cosa: Andrea Chávez ha formado parte del grupo político cercano a Adán Augusto; durante el gobierno del tabasqueño, Hernán Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue acusado de encabezar La Barredora; y ahora el hermano de la aspirante enfrenta sus propios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en Liconsa.

El apellido se convierte en problema electoral

Para Andrea Chávez, la controversia llega en un momento especialmente delicado.

Su proyecto depende primero de convencer a Morena de que puede competir por Chihuahua en 2027 y, posteriormente, de convencer a los electores de entregarle el gobierno estatal.

Las observaciones contra su hermano ofrecen nuevos argumentos a quienes, dentro y fuera de Morena, cuestionan ese proyecto.

El caso coloca frente a Chávez una contradicción política difícil de administrar: mientras Morena ha convertido el combate a la corrupción y los privilegios familiares en una de sus principales banderas, el hermano de una de sus aspirantes a gobernadora aparece ahora relacionado con operaciones observadas por el máximo órgano fiscalizador del país.

La investigación deberá determinar si Gregorio Chávez cometió alguna irregularidad y cuál fue su responsabilidad.

Andrea Chávez no puede ser responsabilizada jurídicamente por los actos de su hermano sin pruebas de su participación.

Pero una candidatura no se decide únicamente en tribunales.

También se construye alrededor de confianza, percepción pública, alianzas y costo político.

Y después del desgaste provocado por su cercanía con Adán Augusto y la sombra política del caso La Barredora, las irregularidades detectadas durante la gestión de Gregorio Chávez abren un nuevo frente justamente donde Andrea Chávez tenía menos margen para recibir otro golpe: dentro de su propia familia y rumbo a la batalla por 2027.

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