Chihuahua
Crearán Centros de Operación Estratégica en el estado
La Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno del Estado
firmaron un convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de los nuevos Centros de Operación Estratégica (COE) en la entidad.
Los COE, que se impulsan en el País desde 2009, están diseñados para estrechar la coordinación de los ministerios públicos federales y locales, apoyados en un equipo de análisis delictivo y un grupo de investigación de operaciones criminales.
El convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación, refiere que tendrán competencia para la atención, investigación y persecución de los delitos concurrentes contra la salud, básicamente en su modalidad de narcomenudeo.
«Las partes se comprometen a instalar y poner en funcionamiento los COE en las ciudades y poblaciones en que resulte conveniente hacerlo, conforme a la valoración de la problemática delincuencial existente», indica el documento.
«Ya sea de delitos federales, del fuero común o los previstos en las materias concurrentes, tomando en consideración la capacidad institucional de atención y respuesta».
En la operación y desarrollo de los COE participarán las Policías Municipales, Estatal Única, Federal Ministerial, Federal, así como el Ejército, Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y peritos y ministerios públicos federales y del fuero común.
Los Centros, que operarán con base en protocolos aún por definirse, aprovecharán la infraestructura de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, que desaparecieron formalmente el 3 de febrero de 2010, con la publicación de un acuerdo de la PGR.
«La operación y funcionamiento de lo contenido en el presente Convenio no genera relaciones laborales, administrativas o civiles respecto a los servidores públicos que participen en los COE, más allá de la relación contractual que tengan con la institución de la cual dependan», agrega.
«(Participarán) agentes del Ministerio Público, peritos y policías que dependan de las partes, entre las cuales se generarán relaciones de colaboración, no así de subordinación».
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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