Chihuahua

Da EU asilo político a nieta de Marisela Escobedo

Una niña de cuatro años, nieta de una activista asesinada e hija de una víctima de la violencia en Ciudad Juárez recibió asilo político en Estados Unidos.

Se trata de Heidi Rubí, nieta de la activista Marisela Escobedo e hija de Rubí Marisol Freyre, ambas asesinadas en nuestro estado.

Juan Freyre Escobedo, tío de la menor, confirmó que la pequeña recibió asilo y que se encuentra ya en territorio estadunidense al cuidado de otros familiares cercanos que también huyeron de México por la violencia imperante.

Desde agosto de 2008, Heidi Rubí quedó al cuidado de su abuela Marisela Escobedo, luego de que la madre de la pequeña, Rubí Marisol Freyre, de 17 años, desapareciera. Sin embargo, en diciembre de 2010, la abuela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Sin ayuda de nadie, Marisela Escobedo investigó la desaparición de su hija y concluyó que ésta había sido asesinada por su propia pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza; logró ubicarlo y denunciarlo. Fue capturado en Fresnillo, Zacatecas, el 16 de junio de 2009.

Barraza confesó que asesinó a Rubí Marisol. Sin embargo, fue liberado “por falta de elementos”. A partir de entonces, Marisela Escobedo dedicó sus esfuerzos a exigir justicia.

Escobedo instaló un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. El 16 de diciembre de 2010, un hombre se acercó al campamento de la activista y le disparó; la mujer alcanzó a llegar frente a la sede del gobierno estatal; ninguna ayuda recibió. El asesino fue identificado como Sergio Rafael Barraza, el mismo que ultimó a Rubí Marisol.

Después del asesinato, la pequeña Heidi Rubí fue trasladada por unos tíos a territorio estadunidense, donde solicitaron asilo político. La niña fue llevada a un albergue para inmigrantes en Houston, Texas; sus familiares, al Centro de Detenciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso.

Heidi Rubí fue entregada a familiares poco después de un mes.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.