Chihuahua

Dan carpetazo a caso de Rubí y Marisela Escobedo

Con la muerte de Sergio Barraza Bocanegra, presunto integrante de Los Zetas, el gobernador César Duarte Jáquez, dio por cerrados los homicidios de Rubí Marisol Frayre y Marisela Escobedo –madre e hija–, registrados en agosto de 2008 y diciembre de 2010.

Barraza Bocanegra, ultimado en el estado de Zacatecas el pasado fin de semana, era buscado por las autoridades estatales por su presunta responsabilidad en el asesinato de la hija de la activista Marisela Escobedo, quien también fue victimada el 16 de diciembre de 2010, cuando realizaba una protesta frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia por el caso de Rubí.

Esta tarde, luego de confirmarse que uno de los sujetos muertos el viernes 16 durante un enfrentamiento con elementos del Ejército era Sergio Barraza, el gobernador chihuahense anunció que con esa muerte y la captura de José Enrique Jiménez quedan resueltos los homicidios de Rubí Marisol Frayre Escobedo y de Marisela Escobedo Ortiz.

“El compromiso del gobierno siempre ha sido de total apoyo y comprensión a las víctimas del delito, ya que en el caso del homicidio de Rubí Marisol, perpetrado en agosto de 2008, la Fiscalía General del Estado nunca dejó de buscar al responsable de este delito”, expresó.

Duarte Jáquez dijo que para la lograr la captura de Sergioia y de investigación de campo, la Policía Estatal detuvo a José Enrique Jiménez Zavala, autor material de la muerte de Marisela Escobedo”.

Recordó que “el mismo acusado declaró que el asesinato de Marisela fue en compromiso de un acuerdo entre el grupo La Línea con los Zetas, la organización delictiva a la que, ahora se confirma, perteneció el homicida de Rubí, Sergio Barraza”.

El mandatario estatal informó que el asesino de Escobedo ya fue vinculado a proceso en octubre pasado y se encuentra recluido en el penal estatal de Chihuahua por ese y otros crímenes, incluyendo el multihomicidio en el Bar El Colorado, registrado el 20 de abril.

“Con la muerte de Barraza Bocanegra en Zacatecas, se cierra un doloroso capítulo que vivimos los chihuahuenses, y es el inicio de que se vaya sanando esa profunda herida que nos dejaron las muertes de Rubí y de Marisela”, indicó.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad en Congreso local, Alejandro Domínguez Domínguez, enmendó la plana al gobernador, al asegurar que corresponde al Ministerio Público cerrar el caso Rubí.

Por separado, Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, dijo que los casos de Marisela Escobedo y de su hija Rubí continúan impunes, ya que Sergio Rafael Barraza Bocanegra murió asesinado por sus actividades ilícitas.

Castro Rodríguez subrayó que ni el gobierno estatal ni el federal tuvieron la voluntad para hacer justicia en ambos casos, aun cuando contaban con pruebas y la ubicación de Barraza. “A Marisela se le fue la vida en investigar”, añadió.

Rubí Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez en agosto de 2008, cuando tenía 16 años, a manos de Sergio Barraza Bocanegra, quien fue arrestado en junio de 2009, pero quedó libre porque la Fiscalía no aportó los elementos suficientes que lo inculparan, pese a que él mismo confesó el crimen y pidió perdón a la madre de su víctima.

Tras la liberación de Barraza, El Piwi, Marisela Escobedo emprendió una lucha para exigir justicia, y eso le costó la vida.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.