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Chihuahua

Denuncia PAN incremento de extorsiones en carretera Juárez con el retiro de la garitas aduanales

Con el retiro de garitas aduanales en Chihuahua prácticamente se dio luz verde a la profesionalización de la extorsión por parte de agentes federales que ya han cobrado varias víctimas desde que en días pasados el presidente Enrique Peña Nieto anunciara esta eliminación de retenes fiscales.

Con el retiro de garitas aduanales en Chihuahua prácticamente se dio luz verde a la profesionalización de la extorsión por parte de agentes federales que ya han cobrado varias víctimas desde que en días pasados el presidente Enrique Peña Nieto anunciara esta eliminación de retenes fiscales.

Lo anterior lo dio a conocer el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, quien denunció una secuela de extorsiones en la carretera Juárez-Chihuahua donde los policías federales ya han ocupado y sobrepasado la tarea de los anteriores aduanales corruptos porque ahora están pidiendo a los paisanos y locales hasta 200 dólares.

Específicamente, apuntó el líder panista, las extorsiones se tienen registradas en tres tramos carreteros de esa misma rúa: Juárez –Chihuahua, a la altura del kilómetro 30, del kilómetro 30 a Villa Ahumada, y de Villa Ahumada a Chihuahua, Capital.

Por lo anterior, Vázquez Robles, hizo un enérgico llamado al Gobierno del Estado para que a través de la Fiscalía General del Estado, establezca un operativo especial de vigilancia en dichos tramos donde frecuentemente operan en la impunidad los agentes federales, y con ello eviten y defiendan de la extorsión a los paisanos y quienes cruzan por dicha carretera.

“Tenemos información de varios casos de extorsión en la carretera de Juárez a Chihuahua, donde estos depredadores se aprovechan de la gente que viene de Estados Unidos con algunas cosas para regalar a sus familiares y con un poco de dinero. Nos da mucho coraje, por eso exigimos al Gobierno del Estado y a las autoridades competentes que intervenga y evite este atraco en despoblado”, subrayó el dirigente estatal panista.

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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