Tras la publicación del informe de Human Rights Watch, “Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada”, los tres niveles de gobierno así como PRI y PAN, le han apostado a seguir haciéndose de la vista gorda y no empezar a repartir culpas con las elecciones en puerta.

Y es que todos han querido tapar el sol con un dedo. Los gobernantes locales de Chihuahua se han quedado afónicos de tanto cacarear la reducción de ejecuciones en Juárez, algo que para muchos juarenses obedece a una mera cuestión demográfica y a una decisión criminal. También mataron a muchos de los que querían matar y ya existe un cártel dominante que aplastó al otro.

Todos los datos sobre los “desaparecidos” permanecen en el limbo pues las autoridades se escudan en que “desaparecer no es delito”, queriendo pasar por alto que las personas no “desaparecen”. Las matan.

Cuestionado al respecto, el gobernador César Duarte ha eludido el tema, algo que rara vez hace pues casi siempre prefiere agarrar al toro por los cuernos; sin embargo, este toro es de a tonelada y prefiere capotearlo y capotearlo y capotearlo…

La cifra que manejan las autoridades ya aumentó a 27 mil personas, y puede crecer más. El fiscal Carlos Manuel Salas tampoco le ha entrado al tema, todo él es opacidad y hermetismo, mientras muchas familias siguen preguntándose qué habrá sido de su “desaparecido”.

Más allá de la ausencia de cifras oficiales existen 24 casos sólidamente documentados por el delito de “desaparición forzosa”, de los cuáles 15 están en manos de Human Right Watch, un reconocido organismo internacional defensor de los derechos humanos. A esto súmele las familias que no se atreven ni a denunciar por las amenazas que han sufrido y la complicidad entre criminales, policías y militares, todos involucrados en los casos antes mencionados.

También están registradas 350 inhumaciones de personas no identificadas en las fosas comunes de la entidad, quienes fueron asesinados y sus cuerpos jamás fueron reclamados. Todo esto es apenas una muestra de las atrocidades que se han vivido los últimos seis años en la entidad y el país, y que están lejos de terminar mientras la cifra de chihuahuenses “desaparecidos” seguirá bajo llave hasta las elecciones, a menos que una orden presidencial los obligue a rendir cuentas.

Siguiendo en la grilla nacional con impacto local, el próximo 3 de marzo se llevará a cabo la XXI Asamblea Nacional del PRI en la que se discutirá la hoja de ruta para concretar la reforma energética y la ampliación del IVA a alimentos y medicinas, dos temas que actualmente están eclipsados por partidos de futbol, escándalos internacionales y chismes de telenovelas.

Vicente Fox intentó aplicar reformas similares, pero el PRI los rechazó enérgicamente, argumentando que la medida golpearía a los sectores pobres. Incluso esgrimió razones ideológicas pues el artículo 154 de sus estatutos indica que el PRI “no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas”.

Como siempre, el que hace la regla hace la trampa, así que uno de los temas principales de la Asamblea Nacional del PRI es romper todos los candados que impidan plantear la reforma, así que si en este partido algún principio estorba será cuestión de cambiarlo y ya.
Ya aterrizando todos estos temas en Chihuahua, bien podrían causarle al PRI un obstáculo para el “carro completo” al que aspira, pues además deberán tomar en cuenta que hasta el momento las obras públicas que han emprendido solo han provocado molestias y endeudamientos, y sus beneficios no serán tangibles hasta pasadas las elecciones.

Con todos estos lastres, lo único que asegura la hegemonía del PRI en la entidad es que el PAN arrastra tantos o más problemas, pues además del trauma que le causó al país con sus desastrosas presidencias, en Chihuahua existe una profunda división y rapacería que impide brillar a los escasísimos liderazgos con los que cuenta, la mayoría de ellos en entredicho por una u otra razón. Del PRD y los partidos de “izquierda” mejor ni hablamos, su escasa presencia está dispersa y enfrentada entre sí. Pobre Chihuahua.

Pese a estas convulsiones en el PRI nacional, los tricolores locales siguen concentrados en los temas domésticos. La receta es fácil: Poco a poco irán perfilando a los candidatos a las alcaldías de Chihuahua y Juárez, virtuales ganadores, para que los desfavorecidos tengan tiempo suficiente de resignarse como una rana en una olla a la que le suben el fuego lentamente.

En el PAN ya tienen a sus candidatos más definidos. Antonio López y Ramón Galindo tienen la promesa de un buen dedazo y como partido se han dedicado más a torpedear tanto a los de casa como a los de enfrente.

Una artimaña que están utilizando es retrasar lo más posible el plan antiapagones de Neil Pérez Campos, que pretende responder a uno de los mayores reclamos de la ciudadanía. La estrategia es fastidiar a la ciudadanía y que esta vuelque su descontento contra la administración municipal, y parece que este tipo de acciones serán la base de su campaña.

Mario Vázquez y otros dirigentes panistas están afilando sus espolones para la convención del 17 de marzo, que determinará en buena medida el rumbo del partido pues se demostrará quién manda y qué tanto.

Donde el rumbo ya estaba más que trazado era en la Facultad de Contaduría y Administración, pues sin más ruido que aplausos, Liliana Álvarez fue electa directora para concluir el periodo de Alfredo de la Torre, a quien sus diferencias con Enrique Seáñez le costaron su puesto.

El Consejo Universitario de la UACh es un ejemplo de disciplina a la usanza priísta y eligió a Álvarez sin problemas. Ahora deberá planchar las arrugas que quedaron tras el humillante proceso contra De la Torre y hacerlo sin incomodar al rector, pues ya demostró que cuando quiere venganza no mide formas ni consecuencias.

Liz Aguilera, quien parece aventajada para ocupar la Contraloría, podría ir perdiendo dicha ventaja, pues también Ricardo Mejía Borja y Miguel Zapien suenan para el cargo. Los chismes corren, pero la aún diputada parece tener las bendiciones necesarias para llegar al cargo.