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Chihuahua

Difiere Marco Quezada y ex funcionarios en el marco jurídico de las recomendaciones de la CNDH

El ex alcalde Marco Adán Quezada y sus cinco ex colaboradores por medio de una misiva respondieron ante las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El ex alcalde Marco Adán Quezada y sus cinco ex colaboradores por medio de una misiva respondieron ante las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En ella los ex funcionarios explican que difieren de las bases contenidas en el documento signado por el titular a nivel nacional de la misma institución, Raúl Plascencia Villanueva.

A continuación el texto íntegro.

A los Chihuahuenses

Con profundo respeto a la memoria de quienes perdieron la vida, a quienes hoy sufren la ausencia de un ser querido, a quienes sufren las consecuencias de alguna lesión derivada del lamentable accidente ocurrido el 5 de octubre de 2013.

El espíritu que orientó las acciones emprendidas por la administración municipal 2010-2013 fue hacer de nuestra ciudad el espacio natural de convivencia y crecimiento que todos anhelamos.

Para realizar esta tarea la convocatoria fue amplia, entendiendo que nuestra comunidad requería entonces, como hoy, de la suma de voluntades de todos sus hijos, así trabajamos de la mano con los diversos actores de la vida publica, privada y social de nuestra comunidad.

Los chihuahuenses han sido testigos cercanos de nuestra permanente disposición para colaborar con todo lo que se encuentre a nuestro alcance en el proceso que contribuya a avanzar por el camino de lo justo y lo legal en relación con la tragedia que enlutó a nuestro Municipio.

Siempre hemos estado conscientes de que nuestra actuación como servidores públicos se inscribe en un marco legal de competencias, dentro del cual nos desempeñamos, asumiendo con la ciudadanía un compromiso legal, administrativo, pero sobre todo moral.

Por lo anteriormente dicho, manifestamos nuestro reconocimiento a las Instituciones públicas y especialmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en relación a su recomendación expresamos:

1. Algunas de las disposiciones de su contenido han sido previamente atendidas por las autoridades debidas.

2. Diferimos de la base jurídica en que sustentan algunas de las observaciones contempladas en el documento de referencia.

3. Confiamos como es evidente, en el pleno respeto del estado de derecho y externamos por tanto a las autoridades destinatarias de la recomendación, que en el momento en que se produzca acudiremos a su llamado para argumentar lo conducente.

Atentamente,

MARCO ADAN QUEZADA MARTINEZ

FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA

ALFONSO PRIETO PRIETO

ILDEFONSO SEPULVEDA MARQUEZ

HORACIO FLORES CHAVEZ

GUILLERMO AVILA OLIVAS

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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