Denuncia Juez de Garantías represalias en su contra por parte del Poder Ejecutivo en Parral Chihuahua

Busca Duarte “el control total” del Poder Judicial del Estado para favorecer su “interés personal y político”

El Juez de Garantías con sede en Hidalgo del Parral Chihuahua, Lic. Guillermo Gómez Cortés, acusó al gobernador César Duarte Jáquez de orquestar una serie de represalias en su contra, por motivo de resoluciones judiciales “incómodas” para los intereses del jefe del Ejecutivo estatal en esa ciudad.

El Juez Gómez Cortés dio a conocer el testimonio en el que crítica la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial estatal, ejercida a través del Secretario General del Supremo Tribunal de Justicia.

Desde su arribo de la Sala Regional en Hidalgo del Parral Chihuahua inició su “calvario”, aseguró, por “no sucumbir a pretensiones ajenas al Estado de Derecho y Justicia”.

Indicó que en las quejas 40 y 41 del presente año, que se tramitan ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se encuentra integrada una grabación de audio como prueba de que el Secretario General establece comunicación con los Jueces del Estado “cuando esta persona no es superior jerárquico, ni tiene atribución alguna para incidir o interferir en la función de los jueces”.

Criticó el “completo desconocimiento del Derecho aplicable” por parte del Secretario General del STJ  y señaló que su nombramiento a dicho cargo, obedece a una “estrategia política” para favorecer los intereses del gobernador Duarte en la región.

La historia en la revista Proceso

Indicó que como parte de las represalias en su contra, ya se giró un oficio de cambio de adscripción a Ciudad Juárez, buscando que renuncie, aún sin facultad alguna del pleno del Supremo Tribunal de Justicia por ser Gómez Cortés un juez “inamovible”.

Expertos criticaron en su momento la designación de Sepúlveda Reyes, con fundamento en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua que establece que para ser secretario del STJE se debe cumplir con la misma experiencia que tiene el magistrado presidente según las leyes, con excepción de la edad mínima.

Excesos y turbulencias

Magistrado Acosta

“En enero de este año nombraron a Gerardo Acosta Barrera como magistrado de la Sala Constitucional en Parral. Los dos, Acosta y yo, hicimos examen para ocupar el cargo de magistrado, y ya cuando había pasado el proceso salió una nota en un medio de comunicación donde dieron a conocer que el magistrado le había regalado unos caballos a César Duarte, y Acosta me culpó a mí de filtrarla, pero le recordé que había muchos amigos suyos cuando el gobernador le llamó para agradecerle el regalo. Y vinieron más represalias”.

Desde esa fecha, sostiene, lo amenazaban con cambiarlo a Guadalupe y Calvo, Chínipas o Ciudad Juárez, si no acataba las órdenes. Finalmente cumplieron sus amenazas el pasado miércoles 17, cuando ordenaron su cambio a la ciudad fronteriza.

De enero a la fecha, apunta, Acosta Barrera dio empleo a su esposa en la Escuela Judicial de Parral, que antes no existía. Al mes, precisa, se gastaban 500 mil pesos en tres exsecretarios, escribiente y la esposa de Acosta Barrera, aun cuando se anunció la época de austeridad.

Además, “Acosta se dedicaba a hablar con jueces desde que era secretario particular de la presidencia del Supremo, y también intervenía Gabriel Sepúlveda. ¿Qué tienen que andar hablando con los administradores de los distritos, si nosotros somos autónomos y administramos justicia?”, acusa molesto.

Y asegura que cada vez le inventan más reportes y quejas administrativas, pero “tengo la razón, no me voy a dejar, no me asusta cualquier tipo de represalia”. Lo que buscan es que renuncie, pero no lo lograrán porque, afirma, es inamovible.

Guillermo Gómez asegura que en las quejas 40 y 41 de este año, presentadas ante el presidente del Poder Judicial, integraron una grabación de audio como prueba para demostrar que Gabriel Sepúlveda tiene contacto con los jueces, aun cuando no es superior jerárquico de éstos ni tiene atribución para interferir en las decisiones de los juzgadores.

Sepúlveda, añade, fue colocado en el cargo para operar políticamente para Duarte desde el Poder Judicial, y ha sido cuestionado por diferentes actores políticos y sociales en la actual administración.

El juez precisa que el pasado viernes 19 promovió la demanda de amparo y ya fue aceptada por el juez décimo de Distrito. Ahora “sólo queda esperar”, concluye.

Fuente: Revistas Proceso y Regeneración