Política
Educación en Chihuahua regulará uso de celulares en escuelas
La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) de Chihuahua se encuentra en la fase final de revisión de los proyectos destinados a regular el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas del estado. Hugo Gutiérrez Dávila, titular de la dependencia, anunció que próximamente se iniciará un proceso de socialización con docentes, directivos y padres de familia para discutir estas nuevas regulaciones.
Esta iniciativa surge a raíz de un acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que otorga un plazo de 180 días a las entidades federativas para realizar las adecuaciones necesarias en sus normativas. Gutiérrez Dávila explicó que Chihuahua está trabajando en la revisión de los lineamientos que establecerán las condiciones bajo las cuales se regulará el uso de dispositivos móviles en los planteles educativos.
“Estamos ya en la fase final de revisión de los proyectos y en breve podremos iniciar la primera fase de socialización previo a su entrada en vigor”, indicó el secretario. Antes de implementar las nuevas disposiciones, se buscará recoger las opiniones de los integrantes de las comunidades escolares para identificar posibles ajustes a las regulaciones propuestas.
En este proceso participarán maestros, directivos y padres de familia, quienes tendrán la oportunidad de realizar observaciones sobre los aspectos de fondo y forma de la regulación. Gutiérrez Dávila subrayó que el objetivo es contar con lineamientos que se apliquen de manera adecuada en las instituciones educativas, considerando las necesidades y condiciones específicas de cada comunidad escolar.
Además, el secretario destacó que la revisión de los proyectos permitirá incorporar las aportaciones del personal educativo y de las familias antes de la implementación de las nuevas medidas. Aunque no se proporcionó una fecha exacta para la entrada en vigor de la regulación, se aseguró que la dependencia está cerca de concluir la elaboración de los proyectos correspondientes.
Con este avance, la Secretaría de Educación y Deporte se prepara para implementar nuevas disposiciones sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas de Chihuahua, una vez que finalice el proceso de revisión y consulta con la comunidad educativa.
Política
Senado desmantela su Servicio Médico por favoritismo político
El 20 de noviembre de 2026, se dio a conocer que el Senado de la República ha decidido desmantelar su Servicio Médico, a pesar de que auditorías internas habían comprobado un manejo íntegro del presupuesto y un desempeño profesional del personal médico y técnico. Esta decisión parece estar motivada por la intención de contratar a personas cercanas al Secretario General de Servicios Administrativos, Óscar Palomera.
Las denuncias indican que el proceso de despido del personal ha sido irregular, con amenazas y métodos que no se apegan a la ley, como despidos verbales sin la debida documentación o justificación legal. La Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado ha ordenado un despido paulatino y constante de todo el personal que ha trabajado durante 28 años en los Servicios Médicos, incluyendo a especialistas como cardiólogos.
La auditoría correspondiente al año 2025 señala que, aunque se comprobó que las actividades del Servicio Médico se realizaban dentro del marco de la normatividad interna del Senado, se identificaron áreas de oportunidad para mejorar, especialmente en control interno y capacitación. La auditoría destaca que el área auditada mostró disposición para atender los hallazgos preliminares y se comprometió a implementar mecanismos que fortalezcan la mejora continua y eficienten los controles en los procedimientos relevantes para el desarrollo de sus actividades.
Asimismo, se menciona que se están instrumentando acciones para capacitar a médicos, enfermeras y paramédicos en el ámbito de los servicios médicos. A pesar de estos esfuerzos, la decisión de desmantelar el Servicio Médico ha generado preocupación entre los trabajadores y especialistas, quienes ven en esta acción un intento de favorecer a allegados del funcionario mencionado, en lugar de priorizar la atención médica de calidad para los legisladores y su personal.
La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión de recursos públicos, así como sobre el futuro de la atención médica en el Senado, que podría verse afectada por la falta de personal calificado y la posible pérdida de experiencia acumulada a lo largo de los años.
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