Dinero
El futuro del dinero en México y la digitalización de pagos
La reciente Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre, establece un cambio significativo en la forma en que los consumidores podrán realizar sus pagos en México. Esta legislación permite que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine los sectores estratégicos y actividades relevantes donde el pago digital podría convertirse en la única forma aceptada, lo que plantea un reto y una oportunidad para las empresas del país.
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI, el uso de efectivo ha disminuido considerablemente, ya que cada vez más personas optan por realizar compras en línea, pagar servicios desde sus teléfonos móviles o enviar dinero de manera instantánea. Sin embargo, la nueva ley no implica la desaparición del efectivo ni la obligación de todos los comercios de dejar de aceptarlo; el alcance de esta medida dependerá de las regulaciones que emita Hacienda y las autoridades competentes.
Un escenario posible bajo esta nueva legislación podría ser que un cliente llegue a un restaurante y se le informe que, por mandato legal, ya no se aceptan pagos en efectivo. Aunque esto puede parecer una situación lejana, la ley podría hacerla realidad en ciertas actividades económicas. Desde la perspectiva empresarial, la digitalización puede representar una oportunidad para simplificar procesos administrativos, mejorar el control interno y facilitar la conciliación de ingresos, además de reducir riesgos asociados al manejo físico del dinero.
Sin embargo, esta transición también presenta desafíos, especialmente para aquellos comercios que aún dependen en gran medida de los pagos en efectivo. Para una cadena de restaurantes que atiende a cientos de comensales diariamente, la obligación de aceptar únicamente pagos digitales podría incrementar los costos debido a las comisiones bancarias y la necesidad de actualizar su infraestructura tecnológica. Este impacto es aún más significativo para pequeños negocios, que suelen tener márgenes de utilidad más ajustados y menos capacidad de inversión.
Desde el ámbito legal, uno de los principales retos será establecer normas claras que permitan a las empresas adaptarse a estos cambios. La ley otorga a Hacienda un plazo de 15 días hábiles, a partir de su entrada en vigor, para definir los sectores y actividades que se verán afectados. Posteriormente, las autoridades competentes tendrán un tiempo similar para emitir las disposiciones necesarias que establezcan las condiciones y plazos de transición.
Por el momento, la ley no impone una obligación inmediata de abandonar el efectivo, sino que señala la dirección hacia la que se dirige el sistema de pagos en México. Es fundamental que las organizaciones estén atentas a estas regulaciones y comiencen a evaluar los ajustes que podrían ser necesarios en sus operaciones. La digitalización de la economía parece ser un proceso inevitable, y si las nuevas reglas son claras y los costos de adaptación son razonables, podría generar beneficios tanto para empresas como para consumidores y autoridades, facilitando así el desarrollo de negocios en el país.
Dinero
Retos de la inclusión financiera en México: uso y seguridad
La inclusión financiera en México enfrenta importantes desafíos relacionados con la frecuencia de uso y la seguridad de los servicios financieros, a pesar del crecimiento de la banca móvil y los medios de pago digitales, según un informe de Banamex. En su Índice de Inclusión Financiera 2026, que presenta cifras de 2025, el grupo financiero destaca que el reto actual no solo es ampliar el acceso a cuentas bancarias y créditos, sino también lograr que la población utilice estos servicios de manera frecuente, diversificada y segura, lo que contribuiría a mejorar su bienestar económico y a enfrentar imprevistos.
Entre 2017 y 2025, se registró un aumento del 556.2% en los contratos de banca móvil, mientras que las cuentas de ahorro crecieron un 28.2% y los créditos totales un 15.2%. Esta tendencia indica que la digitalización avanza a un ritmo considerablemente más rápido que la utilización de instrumentos financieros tradicionales. A pesar de que las transacciones a través de terminales punto de venta aumentaron un 101.7% en el mismo periodo, el uso de efectivo sigue siendo predominante en las operaciones diarias. Además, herramientas como CoDi, que permiten realizar transferencias inmediatas, han tenido una adopción inferior a las expectativas iniciales.
Banamex subraya que la disponibilidad de infraestructura tecnológica no garantiza una inclusión financiera efectiva. Factores como la informalidad laboral, problemas de conectividad, bajos niveles de educación financiera y la desconfianza de los usuarios limitan el aprovechamiento de los servicios disponibles. Asimismo, los riesgos asociados con la digitalización, como fraudes y robo de identidad, representan un obstáculo adicional. Por ello, el grupo financiero considera fundamental fortalecer la protección al consumidor y la supervisión de los intermediarios financieros para evitar que la expansión digital aumente la vulnerabilidad de los hogares, especialmente aquellos de menores ingresos.
El índice también revela movimientos significativos en la inclusión financiera a nivel estatal. Colima, por ejemplo, avanzó del lugar 11 en 2024 al octavo en 2025, impulsado por un crecimiento del 19.2% en cuentas transaccionales, superando el promedio nacional del 6.5%. San Luis Potosí también mejoró, escalando del puesto 20 al 15, gracias a incrementos en varios indicadores evaluados. En contraste, Campeche descendió del lugar 16 al 19, con retrocesos en ocho de los 14 indicadores del índice.
La reciente Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, se presenta como una oportunidad para cerrar la brecha entre la disponibilidad de productos financieros y su uso cotidiano. Esta legislación busca fomentar la adopción de transferencias electrónicas y pagos mediante códigos QR, así como facilitar la contratación remota de servicios financieros.
Banamex advierte que el éxito de estas medidas dependerá de fortalecer la conectividad, la confianza, la educación financiera y los mecanismos de protección al consumidor. Así, se espera que la legislación contribuya a una inclusión financiera que no solo se limite a la disponibilidad de servicios, sino que también promueva su uso habitual como herramientas de ahorro y bienestar económico.
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