Para determinar el impacto que podría tener el aumentar el impuesto a bebidas azucaradas, como lo propuso en la Reforma Hacendaria el presidente del país, Enrique Peña Nieto, se tiene que determinar la amplitud, la profundidad y la intensidad del impuesto, expresó Arturo Jiménez Cruz, coordinador de la sección Latinoamericana de la Sociedad Americana de Obesidad.

El investigador explicó que el impuesto deberá ser lo suficientemente alto para desincentivar el consumo de refrescos, lo suficientemente amplio para que entren las bebidas azucaradas en general o con fructosa añadida y con la profundidad necesaria para apoyar el subsidio a alimentos saludables.

“Otro punto importante es saber en qué se van a utilizar esos recursos. Si se van a utilizar para investigación o para prevenir obesidad podrían tener un impacto grande, porque la obesidad es un problema multifactorial donde una sola acción no puede tener un gran efecto”, refirió.

OBESIDAD, POBREZA Y DIABETES

De acuerdo con la Revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, existen evidencias de que obesidad, diabetes, pobreza y hambre están asociadas. La falta de una mejor distribución de los ingresos, una cobertura universal de servicios de salud completos (incluyendo exámenes de laboratorio, equipo de monitoreo, medicamentos, etcétera) y la presencia de periodos de hambre o riesgo de hambre en la población mexicana aumentan el riesgo de diabesidad, sus implicaciones sanitarias y el costo para el gobierno y para las familias.

“Se ha visto que todos los problemas de obesidad, diabetes y componentes del síndrome metabólico son más frecuentes en personas de bajos ingresos y bajo nivel de educación. Esto lo hemos visto en México en estudios realizados en Tijuana, pero también en Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, en población migrante y población menos privilegiada”, dijo.

Jiménez Cruz mencionó que desafortunadamente ésta es la población que consume más refrescos y bebidas azucaradas, por lo cual la medida presidencial “es un impuesto más para ellos”. Ante ello, el Coordinador propone “un plan integral donde tendría que haber una especie de compensación para esta población, un subsidio a alimentos saludables, al agua potable, frutas y verduras para compensar el efecto que esto tendría”.

REFRESCO?Y ESTATUS

Consumir refresco en México sigue siendo una cuestión de estatus. “Es lo mismo que pasó con el cigarro, ahora que se está tratando de eliminar el consumo del tabaco es cuando las clases de bajos ingresos están fumando más. Lo mismo pasó con el refresco”, explicó Jiménez Cruz.

De ahí su insistencia a plantear una estrategia integral, pues la política no debe dirigirse sólo a adultos y jóvenes, “se tiene que intervenir desde el embarazo y en los primeros dos años de vida”.

Según el especialista en endocrinología y nutrición, los factores que pueden determinar la obesidad en la etapa adulta están presentes en los primeros tres años de vida, además de los factores genéticos prenatales y postnatales. Por lo tanto, posterior a dicha etapa muchos de lo demás esfuerzos, aunque son buenos, ya tienen una efectividad de moderada a baja.

Por ejemplo, las mujeres con diabetes estacional que no son tratadas adecuadamente, las mujeres con desnutrición o las mujeres con obesidad durante el embarazo aumentan el riesgo de que sus hijos sean niños y luego adultos con obesidad y diabetes. Debido a esto, se recomienda que “en los primeros dos años de vida no se debería de consumir nada de agua con azúcar añadida”.

“Los estudios que hemos hecho en Baja California, Tamaulipas y Chiapas demuestran que más de 60% de niños antes de los dos años ya están tomando bebidas con azúcar añadida. Ése es un periodo fundamental porque ahí se desarrollan los gustos y el rechazo a los alimentos, y en estos lugares se está estimulando el gusto por refrescos dulces, por lo salado y por lo grasoso”, enfatizó el investigador adscrito a la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana.

Mencionó el hecho de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no haya apoyado más de 20 proyectos de investigación sobre prevención de obesidad en las últimas dos décadas, cuando México tiene 25 años con alta prevalencia de obesidad en niños y adultos.

El aumento ?sirve si es alto

Miembros de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas exigieron que el incremento del impuesto a las bebidas azucaradas no sea de 1 peso por litro sino de 2 pesos, para que la medida sea efectiva y reduzca el consumo de refresco, la obesidad y la diabetes.

Invitados por la senadora del PAN, Marcela Torres, integrantes del Instituto Nacional de Salud Pública, Al Poder del Consumidor y Fundación Mídete expusieron en conferencia de prensa que el incremento de 2 pesos por cada litro de las bebidas endulzadas es una recomendación a nivel internacional y nacional.

Anabel Velasco Bernal, del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que si el precio del refresco se aumenta 10%, el consumo podría reducirse entre 10 y 13%, pero si el impuesto incrementa 20%, la reducción sería entre 20 y 26 por ciento.

“Nosotros asumimos que en México el consumo de refresco es de 163 litros por persona. Puede reducirse en un rango de 141 a 146 litros per cápita con un impuesto de 10% y puede disminuir aun más el consumo con un impuesto de 20%; se reduciría entre 121 y 130 litros por persona”, comentó.

Además, si se incrementa 1 peso por litro, habría una reducción de la obesidad y sobrepeso en 1%, en un periodo de 10 años, lo que representaría ahorros de 6,000 millones de pesos en costos directos de atención a la salud, concretó.

“Con un impuesto de 20%, la reducción en la prevalencia sería de 2% y los ahorros alcanzarían hasta 13,000 millones de pesos”, exclamó, y completó que también habría menos personas con diabetes.

No obstante, Luis Encarnación, de la Fundación Mídete, destacó que, a la par del impuesto, el gobierno debe garantizar el acceso al agua potable en las escuelas, casas y espacios públicos.

“Exhortamos a los legisladores a no dejarse presionar por las industrias y aprobar este impuesto, cuyo objetivo es proteger el derecho a la salud y a la alimentación sana de los mexicanos”, opinó.

Mientras, la senadora Marcela Torres recordó que varios legisladores apoyan desde hace tiempo un gravamen especial para los refrescos.