El legislador dijo que dichos señalamientos deben ser esclarecidos por las instituciones competentes y sustentados con investigaciones y pruebas, a fin de determinar si existen responsabilidades y evitar que cualquier caso de presunta corrupción quede impune.

“México necesita instituciones que investiguen sin distingos. Los contratos públicos deben transparentarse y cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades debe llegar hasta sus últimas consecuencias.

Si existen elementos constitutivos de delito, corresponde a las autoridades actuar conforme a la ley”, expresó el dirigente estatal.

Alex Domínguez sostuvo que la ubicación de Olán fuera del país no debe sustituir el debido proceso ni las investigaciones ministeriales, pero consideró necesario que la Fiscalía General de la República determine si existen elementos para proceder legalmente.