Chihuahua
Ex Procuradora Patricia González fue pieza clave para las relaciones con el Cártel de Juárez
Ramiro Chávez, el testigo clave que acusa de narcogobernador a José Reyes Baeza durante su gestión en Chihuahua, sostiene que fue la entonces procuradora de justicia, Patricia González Rodríguez, quien le operó las acciones de protección al Cártel de Juárez o La Línea.
Ella y su hermano Mario González Rodríguez, quien fue plagiado y ejecutado a finales del 2010, se colocaron en el gabinete de Reyes Baeza como dos piezas fundamentales que manejaron las relaciones con Vicente Carrillo Fuentes en aquella entidad.
Patricia, de manera institucional en el cargo de Procuradora, y Mario, sin nombramiento dentro del gobierno, pero con la credencial más importante: hermano de la titular de la Procuraduría del Estado.
La intervención de Patricia González, y sobre todo de su hermano Mario, alteró el pacto supuestamente acordado entre el gobierno de Chihuahua y el Cártel de Juárez, ya que la entonces Procuradora se rehusaba a aceptar que el único enlace con el capo Vicente Carrillo fuera Ramiro Chávez.
De ahí que a través de su hermano buscó un contacto directo y sin intermediarios con el principal capo de la droga en el estado de Chihuahua.
Así lo declaró el testigo con nombre clave, Ramiro Chávez en su relato vertido en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/313/2010.
Este hombre puso a Patricia González y su entonces jefe, José Reyes Baeza en el ojo del huracán que los vincula con el narcotráfico.
El testigo, cuya identidad real se presume es el supuesto narcoempresario de Chihuahua, Julio Porras Chávez, los señaló como protectores del Cártel de Juárez, en julio de 2010, tres meses antes del secuestro de Mario, el hermano de Patricia, quien también hizo pública la protección de Reyes Baeza y la entonces procuradora a Vicente Carrillo Fuentes.
El hermano pide perdón a Dios…
Cuando Vicente Carrillo Fuentes aceptó entregar 60 mil dólares mensuales para el pago de la nómina de la policía, se acordó que los enlaces autorizados para la comunicación por parte del Cártel de Juárez eran Pablo Ríos Rodríguez, alias el “JL”, y del gobierno, el hoy testigo Ramiro Chávez.
“Quiero señalar que en este trato en ningún momento estuvo de acuerdo la licenciada Patricia González Rodríguez, procuradora general de Justicia del Estado, en razón de que era por todos sabidos que Patricia González desde un principio tenía candidatos para ocupar el cargo de director de la Agencia Estatal de Investigación”.
Razón por la cual, a partir de que fue nombrado Lauro Abelardo Venegas Aguirre al frente de la policía del Estado empezaron las pugnas al interior del equipo de Reyes Baeza. “Se inició una serie de conflictos entre la Procuradora y el licenciado Venegas, interviniendo en dicho conflicto el hermano de la Procuradora, el cual nunca supe que cargo tenía en el gobierno del Estado, sin embargo tenía mucha intervención en las decisiones de su hermana Patricia”.
Al paso de los años, Mario González daría mucho de que hablar no sólo en Chihuahua sino en todo el país. Aún hoy día su imagen aparece en el canal de video Youtube, flanqueado por un grupo de hombre encapuchados y armados, mientras él “confiesa” la relación entre el Cártel de Juárez y el gobernador José Reyes Baeza.
También habla de todos los funcionarios en la administración de Reyes Baeza al servicio del narcotráfico.
“Le pido perdón a Dios y a toda la gente por haber matado tantas personas inocentes. Estamos enfermos de poder yo, mi hermana, el gobernador y todos los de La Línea”, dice Mario, el hermano de la Procuradora, en la cinta que circula en Youtube, antes de que su cadáver fuera encontrado.
Mucho de lo que Mario González, el hermano “incómodo” de la entonces Procuradora de Justicia, dice en las cintas que circulan en las redes sociales, embona con la declaración del testigo clave de la PGR, que sostiene que Reyes Baeza fue un narcogobernador.
En las grabaciones Mario aclara que su papel dentro del gobierno estatal fue servir de enlace directo entre los cárteles y su entonces famosa hermana, la procuradora Patricia.
Justamente en esas revelaciones que se mantienen en Internet cuenta que su hermana, el gobernador del Estado de Chihuahua, y el capo de la zona, Vicente Carrillo Fuentes, así como “El profe” Saúl Hernández y un general de apellido Espitia, se reunieron tres veces en una finca en el Fraccionamiento Puerta de Hierro de aquella entidad.
La versión que Mario González da ante la cámara coincide mucho en lo que Ramiro Chávez, el testigo de la PGR declaró ministerialmente.
Por ejemplo, que el “JL”, lugarteniente de Vicente Carrillo, comenzó a dar instrucciones directas a los comandantes de la policía del Estado, rompiendo las reglas del pacto en el sentido de que ellos no tendrían contacto directo con los cuerpos policiacos, sino sólo a través de los enlaces nombrados para tal efecto.
En una de las grabaciones, los encapuchados le cuestionan a Mario González qué sabe del crimen de “Jagou”, en referencia a la ejecución de Juan Carlos Jagou, hermano gemelo de José Antonio, el socio del ex gobernador Reyes Baeza en su despacho de abogados.
El funcionario, que pertenecía al círculo más cercano del entonces gobernador, fue acribillado en mayo de 2006 por un grupo de hombres armados que les dispararon cuando circulaba en un auto.
Jagou García era justamente de aquel nicho inicial de seudoempresarios que habrían aportado recursos para llevar a Reyes Baeza a la gubernatura del Estado.
Al respecto, Mario González relata en uno de los videos que Jagou falleció en un ataque perpetrado por elementos de la Policía Ministerial, a cargo del comandante Lozano, encargado de la zona centro del estado.
Refiere que el crimen fue una confusión ya que a quien se pretendía eliminar era a su hermano, el abogado José Antonio Jagou, ex socio del gobernador.
Pero, como eran gemelos, los sicarios se confundieron, además de que ese día había tomado prestado el vehículo de su hermano.
“En esa ocasión el contador tomó el vehículo del abogado y tuvo la desgracia de ser victimado, ahí las instrucciones de esta ejecución fueron del gobernador del Estado José Reyes Baeza y de la Procuradora, Patricia Rodríguez”, confiesa Mario ante sus plagiarios encapuchados.
Esa es la versión que Mario detalló ante sus captores, quienes se encargaron de hacer públicos los supuestos vínculos de su hermana y el gobernador con el narcotráfico.
Patricia vs el gabinete
El testigo de PGR aporta más detalles respecto de Patricia y de su polémico hermano Mario, quien a decir del informante era ampliamente conocido que ofrecía protección al Cártel de la Línea.
A decir del testigo, Patricia González mantuvo problemas constantes con otros miembros del gabinete de Reyes Baeza dado que ella se oponía a los nombramientos de algunos de ellos en cargos dentro de la policía, de quien quería tener el control total.
Así por ejemplo, se opuso a que Abelardo Venegas tuviera el control de la Agencia Estatal de Investigación.
“Empiezan los problemas con la procuradora porque el control de la policía en lugar de tenerlo ella, pasó a mano de Abelardo Venegas y yo, además de que el de la voz también coordinaba la relación entre integrantes del Cártel de Juárez que operaban en el estado y la Cipol”, dijo Ramiro Chávez.
El conflicto se centraba en que cada uno de los funcionarios cercanos a Reyes Baeza intentaba colocar en puestos de importancia a sus conocidos para fortalecer su presencia y equipo dentro del gabinete.
El 21 de octubre de 2010, Mario Ángel González Rodríguez fue secuestrado por un comando de seis personas que irrumpió en su despacho jurídico en la colonia Santo Niño, en la ciudad de Chihuahua.
La PGR atrajo las investigaciones del plagio del hermano de Patricia González, el caso que destapó el escándalo y agudizó la ola de crímenes en aquella entidad.
Patricia González se enfrascó en una batalla contra el Estado al acusar públicamente de que en el secuestro de su hermano participaron ex policías y uniformados estatales en funciones.
A manera de defensa por lo que su hermano dijo en videos, la ex funcionaria sólo se limitó a decir que tanto ella como Mario eran simples instrumentos del crimen organizado que construyó esas historias con la intención de manipular a la sociedad.
Desde ese momento, la ex funcionaria dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía información sobre la célula del Cártel de Sinaloa que presuntamente ejecutó el plagio.
Una y otra vez la ex procuradora señaló al grupo de Sinaloa como los responsables y nunca se mencionó que los del Cártel de Juárez pudieran ser al menos sospechosos.
“El secretario Guillermo Galván Galván, si quiere, me puede ayudar a encontrar a mi hermano”, sentenció por aquellas fechas.
Pocos meses antes de que su hermano fuera secuestrado, la PGR había tomado declaración al testigo Mario Chávez, que la coloca a ella y al ex gobernador José Reyes Baeza como los protectores del Cártel de Juárez o La Línea dirigido por Vicente Carrillo Fuentes.
Patricia González desapareció de la escena pública. Se cree que la polémica mujer salió del país al enterarse que una investigación en su contra estaba en marcha.
Tomado de http://www.reporteindigo.com/
Chihuahua
Zuany podría quedar fuera del caso Jáuregui
La diferencia de responsabilidades entre ambos exfuncionarios y las versiones sobre una posible colaboración de Zuany con autoridades estadounidenses abren interrogantes sobre el alcance de las acusaciones en su contra.
Chihuahua, Chih., 18 de octubre de 2026.— La situación jurídica de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, podría tomar un rumbo distinto al de César Jáuregui Moreno, detenido por las investigaciones relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico.
Aunque ambos aparecen en una misma causa penal, las diferencias entre sus funciones, las acusaciones específicas y las versiones sobre una eventual colaboración de Zuany con autoridades estadounidenses plantean escenarios jurídicos que todavía deberán resolverse.
La existencia de una orden de aprehensión no significa que el exfuncionario necesariamente será vinculado a proceso o declarado culpable. Para ello, la Fiscalía deberá acreditar los elementos correspondientes a cada delito.
No tenía las atribuciones del fiscal general
Guillermo Arturo Zuany fue designado fiscal especializado en Operaciones Estratégicas en septiembre de 2025, durante la administración de César Jáuregui.
Su responsabilidad estaba concentrada en investigaciones de delitos de alto impacto, particularmente secuestro y extorsión. No era el titular de la Fiscalía General del Estado ni tenía las mismas facultades de representación y dirección institucional.
Esta diferencia podría tener relevancia en el proceso judicial, especialmente si las acusaciones están relacionadas con autorizaciones, decisiones administrativas o mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras.
Sin embargo, la responsabilidad de Zuany no depende exclusivamente de su posición jerárquica. También será necesario determinar si participó directamente en las decisiones investigadas o si tenía obligaciones legales específicas que hubiera incumplido.
Una acusación que todavía debe demostrarse
La orden de aprehensión emitida el 16 de octubre dentro de la causa penal 3055/2026 señala a Jáuregui y Zuany como presuntos coautores de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
El documento también distingue imputaciones individuales: a Jáuregui le atribuye una conducta adicional relacionada con el ejercicio ilegal del servicio público, mientras que a Zuany le señala presunta falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
Esta distinción resulta relevante porque las conductas atribuidas a uno no necesariamente son las mismas que las del otro.
El oficio judicial conocido públicamente contiene los puntos resolutivos, pero no desarrolla las pruebas ni describe detalladamente las acciones que se atribuyen a Zuany.
Por ello, permanece abierta la posibilidad de que su defensa cuestione la suficiencia de los elementos presentados por el Ministerio Público y solicite que no sea vinculado a proceso, dependiendo de lo que se exponga ante el juez.
La posible colaboración con Estados Unidos
Otro elemento que podría resultar importante es la relación que Zuany habría mantenido con agencias de seguridad estadounidenses.
Desde mayo surgieron versiones extraoficiales sobre una posible protección por parte de autoridades de Estados Unidos y una eventual colaboración relacionada con las investigaciones del operativo de El Pinal.
También circularon reportes de que el exfuncionario podría encontrarse en territorio estadounidense, aunque no existe confirmación oficial de su ubicación.
Hasta ahora tampoco se ha acreditado públicamente que Zuany tenga la condición formal de testigo protegido.
De confirmarse algún acuerdo de colaboración, sería necesario conocer su naturaleza, las autoridades participantes y sus posibles efectos legales. La protección estadounidense, por sí misma, no impediría que enfrente un procedimiento judicial en México.
No obstante, la información que pudiera proporcionar sobre la cadena de mando, las autorizaciones y la coordinación del operativo podría resultar relevante para esclarecer los hechos.
El operativo y las decisiones institucionales
La investigación se originó después de un operativo realizado en abril contra un presunto narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.
Durante el regreso de un convoy, un vehículo sufrió un accidente en el que murieron dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.
La presencia de personal extranjero provocó investigaciones sobre las autorizaciones necesarias para su participación en actividades de seguridad dentro de territorio mexicano.
En este contexto, la Fiscalía General de la República ha señalado presuntas irregularidades relacionadas con la actuación de autoridades estatales y la participación de agentes extranjeros.
El esclarecimiento de esas circunstancias exige distinguir las decisiones adoptadas por la dirección de la Fiscalía de aquellas que correspondían a sus áreas especializadas.
Un desenlace judicial todavía abierto
La situación de Guillermo Arturo Zuany continúa sin una resolución definitiva.
La orden de aprehensión constituye una medida procesal, no una declaración de culpabilidad. En caso de comparecer ante un juez, tendrá derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, controvertir los datos de prueba y ejercer su defensa.
La posibilidad de que no sea vinculado a proceso dependerá de la valoración judicial de los elementos presentados. Asimismo, una eventual colaboración con autoridades estadounidenses tendría que acreditarse antes de considerar sus consecuencias jurídicas.
Por ahora, no existe confirmación pública de que haya sido detenido ni de que se haya reconocido formalmente su condición de testigo protegido.
El caso de Zuany deberá resolverse por su participación individual y no simplemente por haber formado parte de la administración de César Jáuregui. La investigación tiene todavía que demostrar qué hizo, qué sabía y cuáles eran sus obligaciones legales.
Hasta entonces, su responsabilidad penal permanece sin demostrar y la posibilidad de que los cargos no prosperen sigue abierta.
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