Chihuahua
Exige GPPAN justicia en el caso Aeroshow
Después de los lamentables hechos del Aeroshow, el pasado 5 de octubre, lo único que puede redimirnos como sociedad es que se haga justicia sin distingos y puntualmente, y que se castigue a todos los responsables de la tragedia.
Después de los lamentables hechos del Aeroshow, el pasado 5 de octubre, lo único que puede redimirnos como sociedad es que se haga justicia sin distingos y puntualmente, y que se castigue a todos los responsables de la tragedia.
Así lo dijo el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, quien dejó en claro dos puntos: En primer lugar, la necesidad de auditar las cuentas públicas del municipio correspondientes al 2012 y 2013; y en segundo, que el Ayuntamiento de Chihuahua está facultado para exigir la devolución de 14.5 millones de pesos de la Asociación Civil Espectáculos Extremos.
«Toda la sociedad chihuahuense ve en este asunto que el estado de derecho está en entredicho y resulta fundamental que las instituciones encargadas de impartir justicia funcionen, y funcionen bien», dijo.
Jáuregui Moreno recordó el origen de la constitución de la Asociación Civil, que se concretó de acuerdo a la escritura pública el 22 de julio del 2011, con el propósito de «no perseguir ninguna finalidad lucrativa», y que se realizó en la notaría de Fernando Rodríguez García.
Cabe recordar que el Municipio de Chihuahua le dio la organización de estos eventos a la Asociación Civil durante los 3 años, a pesar de que el notario tenía intereses de por medio, al ser también funcionario municipal.
César Jáuregui hizo entrega forma de la solicitud para que la Auditoría Superior del Estado audite las cuentas públicas del 2012 y 2013 de dicha Asociación, ya que se involucran más de 50 millones de pesos del erario municipal.
Tan solo en el 2012 se entregaron 17 millones de pesos a la asociación, en tanto que en el 2013 fueron otros 14.5 millones.
Por otro lado, el coordinador parlamentario del PAN indicó que la presidencia municipal de Chihuahua debe exigirle a la A. C. la devolución de los 14.5 millones de pesos correspondientes al evento de 2013, pues el convenio así lo establece.
«Los organizadores mintieron cuando le dijeron a la opinión pública que el asunto de las indemnizaciones estaba solventado a través de la contratación de un seguro que se hizo. Esa desafortunada declaración está total y absolutamente alejada de la realidad jurídica, la Asociación y el Municipio tienen una responsabilidad objetiva de reparar el daño», indicó.
Jáuregui aceptó que difícilmente se le imputará responsabilidad civil a la asociación, sin embargo, aquí hay un abogado, «Luis Felipe Valdez Cavazos que aparece en todos los documentos como representante, y a este señor le alcanza la responsabilidad civil, administrativa y penal».
«¿Qué pasa con las autoridades municipales? Hay responsabilidades penales, civiles y administrativas en el funcionariado de la presidencia municipal», indicó.
El legislador del PAN exigió que el gobierno municipal asuma su responsabilidad, «porque en el ejercicio de los cargos públicos se puede evitar mucho dolor si se actúa como debe ser».
Chihuahua
Exfiscal de Chihuahua en custodia federal tras audiencia judicial
César J. M., exfiscal general del Estado de Chihuahua, se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) tras concluir su audiencia inicial por delitos del fuero común. Un juez decidió no imponer prisión preventiva, pero estableció medidas cautelares para asegurar su comparecencia en el proceso judicial.
Gilberto Loya, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el procedimiento estatal contra el exfuncionario sigue en curso, relacionado con su probable responsabilidad en delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, vinculados a un operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos.
La orden de aprehensión contra César J. M. fue cumplimentada el 17 de octubre, como resultado de las investigaciones de la Fiscalía estatal. Durante la audiencia del domingo, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los antecedentes de la investigación, mientras que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar la situación jurídica del exfiscal.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, argumentando riesgos procesales, pero el juez optó por aplicar medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del estado de Chihuahua y del país, la entrega de su pasaporte mexicano y visa estadounidense, así como la restricción de comunicarse con testigos del caso. Además, César J. M. deberá presentarse mensualmente ante la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estas medidas.
El juez programó una nueva audiencia para el 22 de octubre a las 10:00 horas, donde se decidirá si el exfiscal será vinculado a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía estatal. Loya destacó que la FGE respeta la decisión judicial y continuará con el procedimiento conforme a la ley.
Poco después de la audiencia, la FGR ejecutó una orden de aprehensión federal contra César J. M., lo que lo mantiene bajo custodia federal. Loya aclaró que se trata de dos procedimientos judiciales distintos: uno ante la FGE y otro ante la FGR, bajo la competencia de un juez federal.
A pesar de que en el proceso estatal se impusieron medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, el exfiscal permanece bajo custodia federal debido a la segunda orden de aprehensión. La Fiscalía de Chihuahua seguirá informando sobre los avances del procedimiento estatal, mientras que el caso federal avanzará ante las autoridades correspondientes. La situación jurídica de César J. M. está sujeta a las resoluciones judiciales, manteniendo el principio de presunción de inocencia.
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