Política
Felipe Calderón une a PRI y PAN con un tuit
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de junio.- El tuit del presidente Felipe Calderón en el que corrige la cifra de Andrés Manuel López Obrador respecto al ahorro que representaría limitar los privilegios a la alta burocracia logró unir al PRI y al PAN.
La cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas en torno al Ejecutivo, al subrayar que es libre de expresarse a través de Twitter, aun durante la actual campaña electoral, aunque “el Presidente no está en campaña”.
Luego de las críticas al mandatario por opinar sobre un tema que surgió en el debate presidencial, el líder del PAN, Gustavo Madero Muñoz; el vocero de la campaña panista, Juan Ignacio Zavala, y Ernesto Cordero, asesor económico de Josefina Vázquez Mota, salieron en defensa de Calderón y argumentaron que no hay injerencia en el proceso electoral.
Pero no fueron los únicos que abogaron por el Ejecutivo. El propio PRI lo hizo. El dirigente nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, rechazó que el presidente Calderón interfiera en el desarrollo de las campañas.
“Yo creo que no. No agredió a nadie el Presidente, me parece que dio un dato esclarecedor frente a alguna afirmación de López Obrador muy inconsistente. Él dice que va a sacar miles de millones de pesos y el Presidente aclara que eso no es posible, yo no creo que eso afecte el proceso, no llevaba la intención de cambiar el voto ni de agredir a nadie, simplemente precisa un dato estadístico”, subrayó.
El domingo, durante el debate presidencial, López Obrador, señaló que el ahorro público anual podía llegar a 800 mil millones de pesos, 300 mil de los cuales se obtendrían reduciendo el salario de los altos funcionarios, lo cual motivó que Calderón corrigiera esa cifra a través de Twitter.
El mandatario escribió que “si el gobierno despidiera a todos los altos funcionarios de director hasta Presidente ahorraría 2 mil millones de pesos, no 300 mil millones de pesos, y si le pagara nada más medio sueldo, mil millones”.
La defensa
Juan Ignacio Zavala, vocero de la campaña de Vázquez Mota, dijo que “el Presidente no está en campaña”, pero Calderón milita en el mismo partido que Vázquez Mota y “por eso puede opinar” del tema en cuestión, y añadió que “sólo en México existe una acotación ridícula acerca de que el Presidente no participe en campañas”.
Mientras tanto, el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, comentó que “el gobierno tiene todo el derecho de aclarar cifras cuando se miente de manera tan descarada”.
En su análisis, Cordero se enfocó en la propuesta económica de López Obrador, la cual calificó de irreal, ya que la parte central de su argumento son los 800 mil millones de pesos con los que pretende detonar el crecimiento del país, pero que tiene diversas inconsistencias.
Desglosó que los primeros 300 mil millones de pesos pretende obtenerlos de ahorros con un gobierno austero republicano, los otros 300 mil del combate a la corrupción, y los 200 mil restantes al aumentar la recaudación tributaria sin subir los impuestos.
Sin embargo, el ex secretario de Hacienda cuestionó que si los primeros 300 mil millones de pesos pretende obtenerlos de ahorros, los servicios personales de los altos funcionarios del gobierno ni siquiera representan el uno por ciento, que son 2 mil millones de pesos.
“Suponiendo que quisiera prescindir de toda la partida de servicios personales del gobierno federal, el total son 263 mil 609 millones de pesos de todos los servidores públicos del Gobierno Federal, por lo que ni siquiera despachando a todo mundo va a poder juntar los 300 mil que dice”, planteó.
Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell, dirigente del PRI, insistió que el primer mandatario ha asumido hasta ahora una actitud de respeto al proceso comicial en marcha
“Nosotros no vemos el escenario hasta este momento de una injerencia presidencial en el proceso, si la hubiera no sería en términos legales, pero nos parece que hasta ahora el Presidente ha guardado la actitud de respeto al proceso electoral”, señaló.
A su vez, el vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que “siempre es más recomendable ver a quienes están en el gobierno a un lado de la contienda, pero el debate no cabe duda que fue visto por millones de ciudadanos y tuiteado por millones de ciudadanos, resulta un poco exigente pedirle a quien gobierna no hacer una declaración, no manifestarse de alguna manera, lo entendemos”.
Política
Iniciativa para proteger derechos de jubilados en México
El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de salvaguardar los derechos adquiridos de las personas jubiladas y pensionadas. Esta propuesta busca frenar la reducción retroactiva de las pensiones ya otorgadas, asegurando que los topes a las percepciones se apliquen únicamente hacia el futuro.
La reforma también pretende modificar el régimen transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, para garantizar que las pensiones otorgadas anteriormente mantengan los términos, montos y condiciones bajo los cuales fueron reconocidas. Domínguez argumenta que la aplicación retroactiva de límites a las retribuciones sobre derechos consolidados vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 constitucional, así como los principios de seguridad jurídica y protección reforzada a los adultos mayores.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que las jubilaciones no deben considerarse privilegios otorgados de manera discrecional por el Estado, sino el resultado de años de trabajo y aportaciones de los ciudadanos al servicio público. “Modificar unilateralmente esas condiciones invalida la certeza jurídica sobre la cual miles de familias organizaron su retiro”, enfatizó.
Domínguez también destacó que la reforma de abril de 2026 presenta contradicciones internas y genera exclusiones desproporcionadas al proteger regímenes especiales o aportaciones voluntarias y sindicales, mientras deja desprotegidos a quienes ya habían obtenido legítimamente su derecho al retiro.
La iniciativa no solo establece que la ley debe aplicarse hacia el futuro, sino que también incluye un artículo transitorio que obliga a los entes públicos a restituir, en un plazo no mayor a 90 días naturales, las cantidades que hayan sido descontadas o ajustadas de manera indebida a los pensionados tras la reforma anterior. Con esta propuesta, se busca garantizar la protección de los derechos de los jubilados y pensionados en México.
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