Chihuahua

Firma el gobernador acuerdo con la COFEMER para el impulso económico del estado

Queremos ser los mejores aliados de la inversión, un gobierno facilitador, un gobierno que no entorpezca la función de la actividad económica, sino que la potencie, y hemos hecho lo propio, tenemos sin duda el mejor elemento, la plataforma de preparación en educación media superior y superior cumplida”, expresó el gobernador del estado, César Duarte Jáquez durante la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal.

El Gobernador Duarte giró instrucciones al Secretario de Economía, para que de manera inmediata todas las dependencias del gobierno agilicen y establezcan las mejores estrategias, un esquema que lleve a flexibilizar y atender con sensibilidad la normatividad, sin que para ello se relaje la responsabilidad del estado en el manejo de la inversión y el cumplimiento de las normas. Indicó que existen muchas leyes, pero no se trata de leyes, dijo, sino de actitudes y compromisos, de tener claras las metas y si Chihuahua quiere ser competitivo, es tiempo de renunciar a las prácticas que lo impiden, es tiempo de dar el primer paso y se dará en Chihuahua; asimismo, expresó al titular de la COFEMER, que Chihuahua lo necesita como el mejor aliado para ser el estado más competitivo de la República.

Al señalar que en el momento en que no haya jóvenes al alcance de la delincuencia, no habrá células de la delincuencia y ese, dijo, es el cometido de establecer a política general de inclusión. La oferta educativa superior, va vinculada al perfil económico de cada región, a la demanda laboral y al arraigo de las personas. Chihuahua ha preparado un escenario óptimo para la inversión y ha asumido el reto más grande que se haya tomado en la historia política pública y hoy sienta antecedente en el país al no existir un solo joven rechazado en educación media superior ni superior, para lo cual se han construido 40 mil nuevos espacios en dos años.

Por ello, indicó, se requiere resolver de fondo los problemas sociales que generaron síntomas como la violencia, y poder encauzar a los miles de profesionistas que egresan, siendo más competitivos y estableciendo las mejores condiciones de generación de empleo. Y la facilidad de los trámites, dijo, naturalmente se traduce en empleo, en competitividad, en atractivos de inversión y en un estado que cambia su agenda del estigma de la violencia, a la responsabilidad de la competitividad.

El Gobernador Duarte informó que los resultados de las reformas a las leyes y los juicios orales en Chihuahua, son tangibles, en materia laboral, dijo, el índice de demandas ha bajado en un 80%, mismas que se concretan en una conciliación inmediata. En Chihuahua se castigan los falsos testimonios y esto empieza a tener un nuevo esquema en la relación obrero-patronal, pero de ninguna manera se permite que se vulneren los derechos de los trabajadores, que eran los menos beneficiados con las malas prácticas de algunos abogados y falsos testigos.

Para Chihuahua, dijo, la transparencia en la administración de justicia es un reto, por lo que es fundamental establecer mecanismos ágiles. Existe el primer antecedente en el país de los juicios orales laborales en Chihuahua y se ha probado también la eficiencia del sistema judicial penal por medio de los juicios acusatorios y eso otorga al estado un nuevo posicionamiento, ya que la justicia era uno de los temas más rezagados en México

Destacó que la actitud del Presidente Peña Nieto de construir alianzas, vale la pena asumirlas, ya que el potencial y riqueza de México son extraordinarios, la macroeconomía y la economía interna del país están sólidas y será precisamente la competitividad la que brindará la oportunidad de detonar la economía y el empleo. Se podrá incursionar realmente al mundo desarrollado que genere la inclusión real a la tecnología y la competitividad.

En su discurso, el director general de COFEMER, Virgilio Andrade Martínez, destacó que el Gobernador Duarte ha mostrado a lo largo de su trayectoria, la voluntad de impulsar la actividad económica y el desarrollo en distintos ámbitos como son el campo, la industria y el impulso por la pluralidad en la representación política. Indicó que el objetivo fundamental de este convenio es impulsar un instrumento, el de la mejora regulatoria, que busca lograr los mayores beneficios para la sociedad, con los menores costos en su cumplimiento, lo que permitirá impulsar y vincular al México próspero con el México incluyente y con un México en paz, con estrategias que otorguen mayores facilidades en el país, en las dimensiones institucional, la de los trámites y la de la facilidad para hacer negocios.

El secretario de Economía, Álvaro Navarro Gárate, señaló que por instrucciones del Gobernador del Estado, se han establecido esquemas permanentes para incrementar el nivel de competitividad de Chihuahua y detonar un mejor incremento económico. En esta dinámica, dijo, son determinantes los programas y acciones que se realizan de manera coordinaría con los empresarios en la entidad y con el Gobierno de la República a través de la COFEMER, para realizar acciones encaminadas a una reestructura más eficiente y efectiva de los procedimientos burocráticos.

Redacciòn: Corina Muruato

Chihuahua

Corrupción evidente: El proyecto de Andrea Chávez por la candidatura caería por su hermano

El proyecto de Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 enfrenta uno de sus momentos más delicados. A los cuestionamientos que ya perseguían a su grupo político por la cercanía de la senadora con Adán Augusto López Hernández y el escándalo de La Barredora, ahora se suma un problema dentro de su propia familia: Gregorio Chávez Treviño, hermano de la legisladora, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión en Liconsa.

Las observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluyen pagos registrados a nombre de proveedores fallecidos, recursos entregados a productores que presuntamente no reunían los requisitos establecidos y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.

La Cuenta Pública 2023 detectó alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y derivó en acciones encaminadas a determinar posibles responsabilidades administrativas. Gregorio Chávez era entonces gerente estatal del organismo en Chihuahua.

El escándalo amenaza con convertirse en algo mucho mayor que un problema administrativo para su hermano: ocurre cuando Andrea Chávez intenta consolidar su candidatura y cuando su principal grupo de respaldo político ya enfrenta un fuerte desgaste.

Pagos a proveedores que ya habían muerto

Entre las anomalías detectadas aparece una especialmente grave.

En operaciones relacionadas con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 fueron identificados pagos superiores al millón de pesos a nombre de dos proveedores que habían fallecido.

Uno murió el 5 de febrero de 2023 y el otro el 4 de marzo. Pese a ello, posteriormente continuaron registrándose pagos relacionados con el contrato.

La ASF detectó las inconsistencias mediante el cruce de los datos de los proveedores con registros oficiales de defunciones.

A ello se agregan otros señalamientos.

La fiscalización encontró recursos entregados a productores que presuntamente no cumplían las condiciones necesarias para acceder al precio de garantía y operaciones en las que no pudo acreditarse adecuadamente la recolección y traslado de la leche.

Las observaciones conocidas no constituyen por sí mismas una sentencia contra Gregorio Chávez. Corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y a los involucrados solventar las observaciones.

Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó.

Morena pide investigar al hermano de Andrea

El caso consiguió algo poco habitual en la polarizada política chihuahuense: legisladores de Morena y PAN coincidieron públicamente en que Gregorio Chávez debe ser investigado.

Desde Morena se ha sostenido que el partido no debe proteger a nadie en caso de comprobarse irregularidades, mientras desde la oposición comenzaron a exigir investigaciones y responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.

El problema para Andrea Chávez es evidente.

Su hermano no ocupaba un puesto menor. Fue nombrado delegado estatal de Liconsa en noviembre de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial difundida públicamente, reportó ingresos netos anuales por más de 839 mil pesos provenientes de ese cargo.

Ahora su gestión aparece directamente alcanzada por una fiscalización que incluye millones de pesos sin aclarar y procedimientos para determinar eventuales responsabilidades.

Y todo ocurre mientras su hermana pretende convencer a Morena de entregarle la candidatura para administrar Chihuahua.

De Adán Augusto a La Barredora

El nuevo escándalo tampoco llega a un proyecto político intacto.

Andrea Chávez ha mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto López Hernández, quien durante años fue uno de sus principales impulsores nacionales. Esa cercanía se convirtió en un problema después de que el nombre del tabasqueño quedara políticamente atrapado en el caso de Hernán Bermúdez Requena.

Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y posteriormente fue acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora.

El impacto sobre el proyecto chihuahuense no es nuevo: desde antes se advertía que los problemas políticos de Adán Augusto podían terminar perjudicando las aspiraciones de Andrea Chávez debido a la cercanía entre ambos y al respaldo que el tabasqueño brindó a su eventual candidatura.

Ahora el golpe ya no procede únicamente de su principal aliado político. Procede de su propia familia.

Hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a Andrea Chávez o a Gregorio Chávez con La Barredora, ni que relacione las operaciones observadas en Liconsa con esa organización.

Lo documentado es otra cosa: Andrea Chávez ha formado parte del grupo político cercano a Adán Augusto; durante el gobierno del tabasqueño, Hernán Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue acusado de encabezar La Barredora; y ahora el hermano de la aspirante enfrenta sus propios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en Liconsa.

El apellido se convierte en problema electoral

Para Andrea Chávez, la controversia llega en un momento especialmente delicado.

Su proyecto depende primero de convencer a Morena de que puede competir por Chihuahua en 2027 y, posteriormente, de convencer a los electores de entregarle el gobierno estatal.

Las observaciones contra su hermano ofrecen nuevos argumentos a quienes, dentro y fuera de Morena, cuestionan ese proyecto.

El caso coloca frente a Chávez una contradicción política difícil de administrar: mientras Morena ha convertido el combate a la corrupción y los privilegios familiares en una de sus principales banderas, el hermano de una de sus aspirantes a gobernadora aparece ahora relacionado con operaciones observadas por el máximo órgano fiscalizador del país.

La investigación deberá determinar si Gregorio Chávez cometió alguna irregularidad y cuál fue su responsabilidad.

Andrea Chávez no puede ser responsabilizada jurídicamente por los actos de su hermano sin pruebas de su participación.

Pero una candidatura no se decide únicamente en tribunales.

También se construye alrededor de confianza, percepción pública, alianzas y costo político.

Y después del desgaste provocado por su cercanía con Adán Augusto y la sombra política del caso La Barredora, las irregularidades detectadas durante la gestión de Gregorio Chávez abren un nuevo frente justamente donde Andrea Chávez tenía menos margen para recibir otro golpe: dentro de su propia familia y rumbo a la batalla por 2027.