El gobierno de Estados Unidos se prepara para embargar un rascacielos en Manhattan; los fiscales dicen que este es una propiedad secreta y que está bajo el control del gobierno iraní.
La torre de 36 plantas se encuentra en la Quinta Avenida en el corazón de la ciudad de Nueva York, adyacente al Rockefeller Center, y alberga a varios inquilinos corporativos. Preet Bharara, fiscal general en Manhattan, dijo el martes que el embargo y venta de la propiedad sería el mayor decomiso gubernamental en la historia que estuviera relacionado con el terrorismo.
Un juez federal autorizó esta semana el embargo por medio de una resolución, con la conclusión que los dueños del edificio habían violado las leyes federales sobre el lavado de dinero y las sanciones en contra de Irán.
El edificio lo construyó en la década de 1970 una organización sin fines de lucro administrada por el Sha de Irán, que fue derrocado finales de esa década. En la actualidad, esa organización – ahora se llama Fundación Alavi – es dueña de un 60% de la propiedad, y Assa Corporation es dueña del 40%.
Los fiscales dicen que Assa Corporation es la fachada de un banco cuya propiedad y control pertenecen al gobierno de Irán, que también alegaban el control de la Fundación Alavi. Los copropietarios supuestamente han estado transfiriendo los ingresos por alquiler a Teherán.
Bharara dijo que el gobierno utilizaría los ingresos del embargo pendiente para compensar a las familias de las víctimas del terrorismo patrocinado por Irán.
La Fundación Alavi dijo que planeaba apelar el dictamen.
«Hemos revisado la decisión y no estamos de acuerdo con los análisis que ha realizado la corte de los hechos y de la ley», dijo la organización en una declaración. «La Fundación estaba preparada para un juicio y está decepcionada porque no tuvo la oportunidad de rebatir la evidencia que presentó el gobierno ante un jurado». Un abogado de Assa Corporation no respondió a las peticiones de comentarios.
Originalmente, los fiscales presentaron una denuncia en 2008 pidiendo el embargo únicamente de los intereses de Assa Corporation, aunque posteriormente se revisó esta denuncia y se incluyeron también los activos de Alavi Foundation.
El antiguo presidente de la fundación se declaró culpable de obstrucción a la justicia en 2009 por destruir documentos que se buscaban a través de un requerimiento del gran jurado en relación a los lazos de Alavi con el Banco Melli, el banco propiedad del gobierno de Irán. El edificio en la Quinta Avenida ha funcionado durante los años recientes bajo el control de un monitor nombrado por la corte.