Chihuahua
Jamás he pactado con el crimen organizado: Reyes Baeza
- El ex Gobernador de Chihuahua se defiende ante señalamientos que ya habían sido filtrados hace tiempo atrás.
- Reyes ya se había presentado por su propio pie ante la PGR para deslindarse de los señalamientos.
- Dice estar a la disposición de la Ley.

José Reyes Baeza enfrenta las acusaciones que hiciera un periódico en su contra, un tema escabroso pero que ya había sido filtrado hace meses y en su momento respondido por parte del Exgobernador de Chihuahua. Posicionado como uno de los pocos exgobernadores inmediatos a quienes el PRI le entregó la responsabilidad de medir las campañas en Jalisco, Nayarit, Guerrero, Michoacán, entre otras de suma importancia. Reyes Baeza da la cara y responde a lo señalado por el periódico Reporte Indigo el cual se muestra desde las elecciones con una línea editorial de oposición.
Reyes Baeza, tajante negó la existencia de un pacto entre él y el Cártel de Juárez, tal y como lo informó el lunes Reporte Índigo.
A través de un escrito, el ex mandatario desmintió la información en la cual se indicaba que era investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por brindar protección al Cártel de Juárez durante su administración.
Baeza recordó que en 2010 aclaró las imputaciones hechas por un testigo protegido, quien de acuerdo con Reporte Índigo era el contacto entre Vicente Carrillo Fuentes, hermano del desaparecido capo Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, y el ex gobernador priista.
El ex funcionario indicó que ante el ex procurador general, Arturo Chávez Chávez, y la hoy procuradora Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) desmintió las declaraciones que lo señalaban como uno de los funcionarios que incurrió en actos delictivos, ocurridos supuestamente en los años 1998 y 2004.
“Siempre he estado en plena disposición de acudir ante cualquier autoridad, federal o estatal, cuando sea requerido. Como alguien convencido del imperio de la ley, el Estado de derecho y respetuoso de las instituciones, tengo plena confianza en ellas, por lo que me parece que este tipo de filtraciones y notas tendenciosas poco abonan a las indagatorias serias y responsables”, dijo en un documento enviado a distintos medios.
“Me reitero, abiertamente, a disposición de cualquier autoridad pública, estatal o federal, que legítimamente requiera información de mi parte, rechazando de antemano entrar al juego que provocan los señalamientos tendenciosos y notas que persiguen el desprestigio personal y no la búsqueda de la verdad”, agregó el ex gobernador a quien Reporte Índigo señalaba como protector del Cártel de Juárez, luego de que supuestamente recibiera apoyo de la rganización delictiva para su campaña electoral de 2004.
Por su parte, el director de información de las oficinas centrales de la PGR en la Ciudad de México, José Luis Manjarrez, declaró a los medios que la Siedo no contaba con la investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/313/2010 citada por Reporte Índigo, “No la hay. Siedo no tiene esa investigación”, puntualizó.
Agrega el político “Como alguien convencido del imperio de la ley, el estado de derecho y respetuoso de las instituciones, tengo plena confianza en ellas, por lo que me parece que este tipo de filtraciones y notas tendenciosas poco abonan a las indagatorias serias y responsables”, refiere.
Chihuahua
Corrupción evidente: El proyecto de Andrea Chávez por la candidatura caería por su hermano
El proyecto de Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 enfrenta uno de sus momentos más delicados. A los cuestionamientos que ya perseguían a su grupo político por la cercanía de la senadora con Adán Augusto López Hernández y el escándalo de La Barredora, ahora se suma un problema dentro de su propia familia: Gregorio Chávez Treviño, hermano de la legisladora, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión en Liconsa.
Las observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluyen pagos registrados a nombre de proveedores fallecidos, recursos entregados a productores que presuntamente no reunían los requisitos establecidos y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.
La Cuenta Pública 2023 detectó alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y derivó en acciones encaminadas a determinar posibles responsabilidades administrativas. Gregorio Chávez era entonces gerente estatal del organismo en Chihuahua.
El escándalo amenaza con convertirse en algo mucho mayor que un problema administrativo para su hermano: ocurre cuando Andrea Chávez intenta consolidar su candidatura y cuando su principal grupo de respaldo político ya enfrenta un fuerte desgaste.
Pagos a proveedores que ya habían muerto
Entre las anomalías detectadas aparece una especialmente grave.
En operaciones relacionadas con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 fueron identificados pagos superiores al millón de pesos a nombre de dos proveedores que habían fallecido.
Uno murió el 5 de febrero de 2023 y el otro el 4 de marzo. Pese a ello, posteriormente continuaron registrándose pagos relacionados con el contrato.
La ASF detectó las inconsistencias mediante el cruce de los datos de los proveedores con registros oficiales de defunciones.
A ello se agregan otros señalamientos.
La fiscalización encontró recursos entregados a productores que presuntamente no cumplían las condiciones necesarias para acceder al precio de garantía y operaciones en las que no pudo acreditarse adecuadamente la recolección y traslado de la leche.
Las observaciones conocidas no constituyen por sí mismas una sentencia contra Gregorio Chávez. Corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y a los involucrados solventar las observaciones.
Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó.
Morena pide investigar al hermano de Andrea
El caso consiguió algo poco habitual en la polarizada política chihuahuense: legisladores de Morena y PAN coincidieron públicamente en que Gregorio Chávez debe ser investigado.
Desde Morena se ha sostenido que el partido no debe proteger a nadie en caso de comprobarse irregularidades, mientras desde la oposición comenzaron a exigir investigaciones y responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.
El problema para Andrea Chávez es evidente.
Su hermano no ocupaba un puesto menor. Fue nombrado delegado estatal de Liconsa en noviembre de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial difundida públicamente, reportó ingresos netos anuales por más de 839 mil pesos provenientes de ese cargo.
Ahora su gestión aparece directamente alcanzada por una fiscalización que incluye millones de pesos sin aclarar y procedimientos para determinar eventuales responsabilidades.
Y todo ocurre mientras su hermana pretende convencer a Morena de entregarle la candidatura para administrar Chihuahua.
De Adán Augusto a La Barredora
El nuevo escándalo tampoco llega a un proyecto político intacto.
Andrea Chávez ha mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto López Hernández, quien durante años fue uno de sus principales impulsores nacionales. Esa cercanía se convirtió en un problema después de que el nombre del tabasqueño quedara políticamente atrapado en el caso de Hernán Bermúdez Requena.
Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y posteriormente fue acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora.
El impacto sobre el proyecto chihuahuense no es nuevo: desde antes se advertía que los problemas políticos de Adán Augusto podían terminar perjudicando las aspiraciones de Andrea Chávez debido a la cercanía entre ambos y al respaldo que el tabasqueño brindó a su eventual candidatura.
Ahora el golpe ya no procede únicamente de su principal aliado político. Procede de su propia familia.
Hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a Andrea Chávez o a Gregorio Chávez con La Barredora, ni que relacione las operaciones observadas en Liconsa con esa organización.
Lo documentado es otra cosa: Andrea Chávez ha formado parte del grupo político cercano a Adán Augusto; durante el gobierno del tabasqueño, Hernán Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue acusado de encabezar La Barredora; y ahora el hermano de la aspirante enfrenta sus propios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en Liconsa.
El apellido se convierte en problema electoral
Para Andrea Chávez, la controversia llega en un momento especialmente delicado.
Su proyecto depende primero de convencer a Morena de que puede competir por Chihuahua en 2027 y, posteriormente, de convencer a los electores de entregarle el gobierno estatal.
Las observaciones contra su hermano ofrecen nuevos argumentos a quienes, dentro y fuera de Morena, cuestionan ese proyecto.
El caso coloca frente a Chávez una contradicción política difícil de administrar: mientras Morena ha convertido el combate a la corrupción y los privilegios familiares en una de sus principales banderas, el hermano de una de sus aspirantes a gobernadora aparece ahora relacionado con operaciones observadas por el máximo órgano fiscalizador del país.
La investigación deberá determinar si Gregorio Chávez cometió alguna irregularidad y cuál fue su responsabilidad.
Andrea Chávez no puede ser responsabilizada jurídicamente por los actos de su hermano sin pruebas de su participación.
Pero una candidatura no se decide únicamente en tribunales.
También se construye alrededor de confianza, percepción pública, alianzas y costo político.
Y después del desgaste provocado por su cercanía con Adán Augusto y la sombra política del caso La Barredora, las irregularidades detectadas durante la gestión de Gregorio Chávez abren un nuevo frente justamente donde Andrea Chávez tenía menos margen para recibir otro golpe: dentro de su propia familia y rumbo a la batalla por 2027.
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