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La ONU entra en la última ciudad siria masacrada por las fuerzas de El Asad

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Un grupo de observadores de la ONU ha logrado entrar (vídeo) en la pequeña localidad de Al Qubair, escenario el pasado miércoles, según la oposición, de una matanza con casi 80 víctimas mortales. Militares del régimen impidieron el paso ayer al convoy de la ONU que pretendía confirmar el ataque. En su retirada, uno de los coches fue alcanzado por disparos. «En frente de mí hay un pedazo de cerebro, en la esquina, sangre congelada», detalla en su cuenta de Twitter el reportero de la BBC Paul Danahar, que acompaña al equipo de la ONU. Según su relato, a las tres de la tarde (hora española), los observadores no se habían encontrado aún a nadie. «El hedor a carne quemada», prosigue el periodista en uno de sus últimos mensajes, «es todavía muy fuerte».

Los observadores de Naciones Unidas atestiguaron que dicho olor era marcado y que se podían ver manchas de sangre en las paredes, pero no ofrecieron datos sobre la cantidad definitiva de víctimas que pudo haber en la localidad de Al Qubair ni sobre las circunstancias de la matanza.

Entretanto, la violencia continúa. Esta madrugada han muerto 17 personas -10 de ellas mujeres- en bombardeos en la ciudad de Deraa, en el sur del país, según ha informado Reuters en base a datos ofrecidos por el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. La organización opositora informa de que han seguido combates en la localidad, al igual que en la capital, Damasco. Aparte de los fallecidos en Deraa, 44 civiles y 25 soldados del régimen de Bachar el Asad han muerto en diversos puntos del país, según el Observatorio.

Hasta los representantes de Naciones Unidas suben el tono ante la brutalidad de la violencia en Siria. «El peligro de una guerra civil es inminente y real» y «los terroristas están explotando el caos», alertó el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, en declaraciones a la prensa tras comparecer ante el Consejo de Seguridad a puerta cerrada. Tras 15 meses de protestas y en vista del creciente recrudecimiento de los enfrentamientos entre el régimen y los rebeldes, también la ONU hace sonar las alarmas. «El pueblo sirio se desangra. Están enfadados. Quieren paz y dignidad, y sobre todo quieren acción», advirtió el máximo responsable de la ONU.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha anunciado que millón y medio de sirios necesitan ayuda humanitaria «de todo tipo», y que la organización tiene acceso a todo el territorio. La cifra es superior en medio millón a la que maneja Naciones Unidas.

El portavoz del CICR, Hicham Hassan, calificó la situación como «muy tensa», con combates en zonas rurales de Idlib, Damasco, Hama y Alepo, y en barrios de Deraa y Latakia, y distintos lugares del sureste y noreste del país, «lo que provoca que haya continuos desplazamientos de personas». Es difícil precisar el número de desplazados porque «muchos se han refugiado en casas de amigos o familiares, aunque muchos otros malviven en escuelas, mezquitas o iglesias».

El representante de la Cruz Roja reiteró que los enfrentamientos se producen «en muchas áreas rurales y en barrios determinados de algunas ciudades, por lo que muchos civiles se trasladan de barrio a barrio huyendo de las batallas».

Los cinco miembros del Consejo de Seguridad sí se pusieron de acuerdo para condenar la matanza de Hula, en la que murieron más de un centenar de personas, pero no han logrado el consenso sobre qué pasos dar para parar la violencia. Rusia y China se oponen a cualquier intervención militar.

Un enviado del Departamento de Estado estadounidense, Fred Hof, se reúne en Moscú con los viceministros de Exteriores rusos Gennady Gatilov y Mijail Bogdanov. El viaje obedece a la presión estadounidense para lograr que Bachar el Asad abandone el poder. La jefa de la diplomacia de EE UU, Hillary Clinton, tiene previsto reunirse este viernes con Kofi Annan, enviado especial para Siria de la ONU y la Liga Árabe, en Nueva York. Y sobre el terreno, la oposición ha llamado a sus compatriotas a manifestarse contra las últimas matanzas.

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Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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