La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirmó por primera vez este lunes que hay pruebas que apuntan a la responsabilidad del presidente sirio, Bashar al Asad, en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el país.
«La comisión de investigación produce una enorme cantidad de pruebas […] sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad […] Las pruebas indican una responsabilidad al más alto nivel del gobierno, incluido el jefe de Estado» declaró Pillay este lunes durante una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, según un reporte de AFP.
Pillay resguarda un sobre que contiene una lista de nombres de responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad, elaborada por la Comisión del Consejo de Derechos Humanos sobre Siria.
Dicho órgano se encarga de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en Siria desde marzo de 2011 y busca identificar a los culpables para garantizar que sean juzgados, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos establecida el 22 de agosto de 2011.
Este lunes durante una rueda de prensa, periodistas le preguntaron a Pillay cuál es el contenido de la lista, la cual permanece secreta. La Alta Comisionada recordó que ni siquiera ella puede abrir el sobre, pero agregó que la Comisión «apunta al hecho de que existe evidencia de que hay responsabilidad al más alto nivel del gobierno».
Los miembros de la Comisión, entre los que se encuentra la exfiscal internacional Carla del Ponte, han acusado en varias ocasiones de crímenes de guerra y de lesa humanidad al alto mando del régimen sirio, aunque nunca los han nombrado, así como tampoco han mencionado nunca directamente al jefe del Estado.
La Comisión, a la que nunca se le ha autorizado visitar Siria, apoya su trabajo en más de 2,000 entrevistas –realizadas desde su creación– con personas implicadas en Siria y en los países vecinos, según AFP.
Con respecto a la guerra en Siria, Pillay dijo que fuerzas gubernamentales y de la oposición armada usaron áreas civiles para demostrar su dominio en la zona, una estrategia militar conocida como: «castigo colectivo».
Las promesas de Irán
La funcionaria de la ONU pidió a la comunidad internacional que, tras el pacto nuclear con Irán, se centre en la situación de los derechos humanos en ese país, donde todavía sigue vigente la pena de muerte y hay presos de conciencia.
«Celebro el acuerdo nuclear porque aliviará las sanciones económicas que afectan a la vida de los iraníes, pero la comunidad internacional debe centrarse ahora en la situación de los derechos y libertades dentro del país», dijo Pillay,
Aunque se mostró satisfecha con la decisión del gobierno de liberar a unos cincuenta presos de conciencia en los últimos meses; Pillay recordó que todavía hay en las prisiones iraníes abogados o periodistas, «detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación o asamblea».
«Espero que el gobierno responda a sus promesas de crear espacios para los defensores de los derechos humanos, como abogados y periodistas, y permitirles el ejercicio de su profesión sin hostigamiento ni castigos», dijo. «Es muy importante que Irán respete el disenso y la crítica», agregó.
Sobre la pena de muerte, la Alta Comisionada instó al país a abolir su uso «sobre el papel» y «en la práctica» y dio la bienvenida a algunas medidas legislativas para reformar el código penal del país y restringir así el uso de la pena capital en niños.