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Chihuahua

Logra Estado subsidio del 30 % al gasoleo domestico

La Secretaría de Economía Federal autorizó un subsidio del 30 por ciento al precio del gasóleo doméstico para esta temporada invernal en el estado de Chihuahua el cual entró en vigor este primero de diciembre y hasta el 28 de febrero del año entrante.

El costo al público quedó establecido en 8.10 pesos en expendios y si se requiere el servicio a domicilio será de 8.81 pesos.

Se signó un convenio que constituye formalmente los precios de distribución que se tendrán al adquirir el gasóleo doméstico en el estado de Chihuahua.

Este precio puede ajustarse conforme haya variaciones del combustible y según los precios que aplique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el 28 de Febrero del año entrante.

Con el acuerdo, el beneficio es directo para las familias chihuahuenses, debido a las inclemencias climatológicas, pues de acuerdo con los pronósticos de la Unidad Estatal de Protección Civil se espera un invierno crudo en la entidad, incluso con temperaturas más bajas que el año pasado.

Cabe aclarar que estos precios son vigentes a partir del día primero de diciembre hasta el 28 de Febrero del 2012.

Para la zona fronteriza se da un precio de venta a distribuidores de 7.57 sin contemplar el abasto a la planta de los distribuidores.

Este subsidio beneficiará a la Sierra Tarahumara, las zonas centro y sur; además de regiones como Parral y Cuauhtémoc que también utilizan este combustible.

PROFECO vigilará que la venta se realice de acuerdo a los precios pactados, con bombas verificadas y en los tiempos marcados en el convenio que son del primero de diciembre de 2012 al 28 de febrero del 2013.

Por su parte, PEMEX se comprometió a que no habrá desabasto del combustible y que cumplan con el acuerdo que se firmó.

Es de resaltarse que Chihuahua es la única entidad que consume gasóleo doméstico en todo el país.

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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