Política
Los casos judiciales vinculados a Nicolas Sarkozy
París.- Acusaciones de financiación por Libia de su campaña presidencial de 2007, arbitraje litigioso en favor del empresario Bernard Tapie, escándalo de facturas falsas de la firma de organización de eventos Bygmalion: el expresidente francés Nicolas Sarkozy es citado en media docena de causas judiciales que pueden ser otros tantos escollos para su eventual retorno a la política en Francia.
BYGMALION: La justicia investiga desde el 27 de junio sobre malversaciones durante la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2012. Gastos que sobrepasaban el tope legal autorizado habrían sido facturadas por la firma Bygmalion al partido Unión por un Movimiento Popular (UMP) del expresidente y no a sus cuentas de campaña.
ACUSACIONES DE FINANCIAMIENTO LIBIO: Desde abril de 2013, la justicia investiga las acusaciones de financiación de la campaña electoral para la presidencial de 2007 de Nicolas Sarkozy por parte del régimen libio de Muamar Gadafi. Ciertos dirigentes libios evocaron ese financiamiento, sin presentar pruebas, otros lo desmintieron.
PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Durante la investigación sobre el caso libio, una conversación telefónica entre Nicolas Sarkozy y su abogado llevó a la justicia a iniciar en febrero pasado una investigación por tráfico de influencias y violación del secreto de la instrucción. Sarkozy es sospechoso de haber tratado de obtener informaciones de un magistrado sobre un procedimiento que lo concernía, a cambio de una promesa de intervención para que obtuviera un puesto prestigioso en Mónaco. El expresidente se encontraba el martes en prisión preventiva para interrogatorio por este caso. Su abogado desde el lunes.
ARBITRAJE TAPIE: En julio de 2008, un arbitraje del litigio entre el empresario Bernard Tapie y el banco Crédit Lyonnais sobre la venta de la firma Adidas desembocó en una sentencia que otorgó a Tapie 403 millones de euros. Los jueces sospechan que hubo «simulacro de arbitraje» para favorecer al empresario, con el aval del ejecutivo. Cinco personas han sido imputadas de «estafa en banda organizada» por este caso, entre ellas Tapie, uno de los jueces árbitros y el exdirector de gabinete de la entonces ministra de Economía Christine Lagarde
SONDEOS DEL ELÍSEO: Un juez está investigando sobre la regularidad de contratos firmados, sin licitación, entre el palacio presidencial del Elíseo y nueve institutos de sondeo durante la presidencia de Sarkozy (2007-2012), en particular los que conciernen la firma Publifact, propiedad de uno de sus consejeros.
MITIN EN TOLÓN: Una investigación por malversación de fondos públicos se inició en octubre de 2013 sobre la financiación de un mitin de Nicolas Sarkozy en Tolón (sur) a fines de 2011. Ese mitin no fue inscripto en los gastos de su campaña.
Fuente: AFP
Chihuahua
Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez
En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.
De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.
Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.
Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.
Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.
Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.
Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.
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