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Política

Los niños requieren políticas públicas y no sólo festejos: Víctor Quintana y Patricia Borunda

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Al iniciar su primera consulta semanal con el tema  “Nuestra responsabilidad con las niñas y los niños de Chihuahua”, los candidatos al Senado por el Movimiento Progresista, Víctor Quintana y Patricia Borunda afirman que “son políticas públicas y presupuestos lo que se requiere para atender a la niñez chihuahuense y a la niñez mexicana, no acciones efectistas y celebraciones de relumbrón”.

Los datos, dicen, hablan por sí solos: según la UNICEF, en los  datos más recientes, que son de 2006, el estado de Chihuahua se encontraba en el penúltimo lugar en el cumplimiento de los derechos de los niños de 6 a 11 años, como ya Víctor Quintana lo ha hecho notar en artículos. Y según la Red por los Derechos de la Infancia, en 2006 también, nuestro estado se encontraba en último lugar nacional en cobertura de preescolar y en último en cobertura de vacunación.

En Ciudad Juárez los indicadores son peores, pues según la Red de la Infancia hay “focos rojos” en todos los aspectos, pues los indicadores de cobertura de educación en los  niveles básico, medio y medio superior son inferiores a los del promedio estatal, ya de por sí uno de los más bajos del país.  Según la misma fuente, el 20% de los niños que acuden a las organizaciones de atención a la niñez, pasan hambre.

Peor todavía: como resultado de la “guerra contra el crimen organizado” lanzada inopinadamente por el Gobierno Federal y el consenso del estatal, hay tan sólo en Juárez 10 mil huérfanos y muchos más afectados psicológicamente por la situación de violencia que aun vive nuestra entidad.

Si esto sucede en Chihuahua, con un gobierno del PRI, en la generalidad del país, con un gobierno del PAN, las cosas no van mejor para los niños, pues hay 4 millones de ellos que viven en la miseria y 21.5 millones que se encuentran dentro de la pobreza multidimensional, es decir, que al menos alguno de sus derechos para el desarrollo social.

Ante esto, dijeron la candidata y el candidato de la izquierda al Senado, no debe aprobarse como está dictaminado el proyecto de “Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez” que está a punto de votar la Cámara de Diputados, pues tiene una visión netamente asistencialista. A la vez se comprometieron  que, de llegar a la Cámara Alta, darán impulso a una iniciativa de ley consultada y consensuada con las organizaciones de la sociedad civil y las y los académicos que trabajan con los derechos de las niñas y de los niños.

Todo esto lo declararon Víctor Quintana y Patricia Borunda al lanzar su primera semana de consulta por redes sociales e internet: “Nuestra responsabilidad con las niñas y los niños de Chihuahua”, que estará abierta toda la semana y que gira en torno a dos preguntas: “¿cuál es la situación de las niñas y niños en tu comunidad?”, y “¿qué políticas y leyes se deben emprender para apoyar a las niñas y a los niños de México y de Chihuahua? En las siguientes direcciones:

Facebook: Victor Quintana Silveyra

Twitter @VictorQuintanaS

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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