El pasado 16 de enero surgió una fuerte controversia por la tala del manglar de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, para la construcción del proyecto inmobiliario Malecón Tajamar.

Lo que empezó como la denuncia de un grupo activista en redes sociales, escaló hasta las autoridades federales, incluso a nivel internacional.

Pero, ¿quiénes son los involucrados y cuál es su responsabilidad en este caso?

Salvemos Manglar Tajamar

El grupo activista fue el que denunció inicialmente que las autoridades buscaban realizar la tala y el posterior relleno de más de 50 hectáreas del manglar sin hacer la reubicación apropiada de las especies que en él habitan, como cocodrilos, iguanas, aves y serpientes.

El grupo asegura que la destrucción se realizó de madrugada, sin previo aviso a la población de la zona y con protección de granaderos.

Los activistas utilizan su página de Facebook para publicar imágenes del manglar y la destrucción ocurrida en la zona.

Este viernes, el grupo compartió un formato de denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en el que mencionan la ilegalidad del proyecto con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Fonatur

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es una institución gubernamental responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos, como el del Malecón Tajamar, un proyecto planeado desde hace 15 años.

Fonatur asegura haber “dado cumplimiento a los requerimientos ambientales previstos por la Ley, y todas sus acciones se han realizado de conformidad con autorizaciones vigentes”.

El proyecto de Malecón Tajamar fue presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien otorgó en julio de 2005 la autorización en materia de impacto ambiental. El permiso en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales fue autorizado en febrero de 2006.

Ambas autorizaciones tienen vigencia hasta el 8 de febrero de 2016. De acuerdo con Fonatur, las obras de urbanización comenzaron en 2006.

“Con el fin de dar cumplimiento a la legislación ambiental, particularmente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Fonatur implementó a cabalidad los dieciséis términos y tres condicionantes solicitados por la Semarnat en materia de impacto ambiental”, indicó la institución en un comunicado. “De dicho cumplimiento destaca particularmente el seguimiento al Programa de Rescate de Vegetación y Reubicación de Fauna en el predio para el Proyecto Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, desarrollado e implementado por biólogos especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y validado por la propia Semarnat”.

Fonatur asegura que el beneficio económico de este proyecto supera los 11,500 millones de pesos, así como la creación de 5,166 empleos directos y 10,332 indirectos.

Semarnat

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada de la “protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales”, reconoció haber dado los permisos correspondientes a Fonatur para el proyecto Malecón Tajamar.

En un comunicado de prensa, la Semarnat aseguró que el Fondo “ha cumplido con la presentación de los informes establecidos en los términos y condicionantes de las autorizaciones. Para el caso de cambio de uso de suelo forestal ha presentado 7 informes: mayo del 2007; diciembre de 2007; enero de 2011; febrero de 2014; julio de 2014; febrero de 2015; agosto de 2015 y diciembre del 2015”.

En cuanto a la adición al Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre del 1 de febrero de 2007 (mencionado en la denuncia de los activistas), que prohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar, se trata de una cuestión aprobada “posterior” a las autorizaciones.

Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) –órgano administrativo de la Semarnat— se encarga de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales, etc.”, de acuerdo con su sitio web.

En agosto de 2015, ante una denuncia, la Profepa suspendió temporalmente las actividades del proyecto Malecón Tajamar tras «verificar que carecían de autorizaciones propias, y no acreditar la cesión de derechos de autorizaciones de Fonatur a su favor así como haber iniciado la remoción de vegetación en incumplimiento a una condicionante de impacto ambiental fijada por Semarnat”, según un comunicado de prensa. Sin embaro, en noviembre del 2015 un Juzgado Federal determinó dejar sin efectos la suspensión.

Por otra parte, la procuraduría realizó verificaciones aleatorias de las actividades y obras que se llevaban a cabo y afirmó que “no se registró durante la ejecución evidencia o existencia de ejemplares de fauna silvestre durante los desmontes llevados a cabo”, señaló.

Hasta este miércoles 20 de enero, la Profepa había recibido ocho denuncias populares presentadas por particulares que se atienden en términos de ley, las cuales piden mayor presencia de inspectores en el proyecto Malecón Tajamar; así como un informe sobre la actuación de esta autoridad en el tema y la remoción de vegetación, entre otras.

Otros involucrados

El gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge, ha dicho que los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar se realizan con apego a la ley y que cuentan con los permisos correspondientes.

El grupo GreenPeace México publicó en su sitio web un blog titulado Ecocidio en Tajamar en el que retoman lo dicho por los activistas de Salvemos Manglar Tajamar. Esta fue la publicación que mayor resonancia tuvo los primeros días de la controversia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), anunció este viernes que investiga la presunta violación al derecho humano a un ambiente sano por la destrucción del manglar tras recibir quejas al respecto.

CNN