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Chihuahua

¿Minimiza el gobierno de Chihuahua intento de feminicidios y disminuye sanciones a los agresores?

Juan Manuel,  le dijo a su ex pareja: “te voy a matar” mientras la estrangulaba y sacó un arma frente a varios testigos. No obstante, Héctor García Aguirre de la defensoría pública de Chihuahua intentó modificar la sentencia y la magistrada Delia Holguín decidió reducir la penalidad contra el agresor, el 19 de marzo de 2013.

 

García Aguirre, defensor de oficio, debió reconocer el intento de estrangulamiento, durante el juicio, aunque lo minimizó señalando que era sólo “una forma para someterla y controlarla”.

 

El CEDEHM estima que García y Holguín no actuaron con la debida diligencia pues no tomaron en cuenta  los estudios científicos que señalan quecuandouna víctima está siendo estrangulada, se encuentra al borde del homicidio; puede sobrevenir la pérdida de conciencia en tan sólo algunos segundos y la muerte en unos cuantos minutos.

 

Héctor García utilizó además comentarios discriminatorios y sexistas  contra la víctima y sus defensoras, señaló que la defensora del CEDEHM que ayuda a tramitar órdenes de protección, no debería de haber estado ahí “en razón  de tratarse de una mujer de edad avanzada y no muy fuerte”, e insinuó que “lo único que pretendía era un papel protagónico de heroína”.

 

El equipo de abogadas del CEDEHM lamentó que “desde hace varios años, el gobierno de Chihuahua ha tenido una estrategia de culpar a las mujeres que son víctimas de delitos y violencia, en lugar de responsabilizar y desaprobar los ataques de los agresores, tal como ha venido sucediendo  desde hace más de 20 años con las declaraciones discriminatorias contra las jóvenes que han desaparecido y son asesinadas en esta entidad, particularmente en Juárez”.

 

En otro caso, el Juez de Garantías del Distrito Judicial Benito Juárez, sentenció en un juicio abreviado a sólo 3 años a José, que intentó matar a su pareja.  José incendió intencionalmente la vivienda de la víctima. En el momento en que ardió en llamas la casa, se encontraban en ella la madre de la víctima y su pequeña hija. El acusado fue detenido en flagrancia. Sin embargo, las mujeres que sobrevivieron el incendio debieron esperar un año para que se realizara la audiencia de vinculación a proceso por tentativa de feminicidio y daños. La sentencia que recibió por intentar matar a una mujer incendiando la casa, donde vivía es menor a la que hubiera obtenido si se hubiera robado una vaca.

 

Lucha Castro, abogada del CEDEHM señaló que “preocupa que los pocos casos que llegan ante un juez de intento de feminicidio sean tratados con desdén  y minimizados, enviando un mensaje de permisividad de que en Chihuahua no es grave asesinar a una mujer, o dando sentencias menores a quienes intenta matar a mujeres, a las que tendría el robo de ganado”.

 

El CEDEHM lamenta que apenas a días de la conmemoración del 8 de marzo, día de la mujer, autoridades judiciales minimicen penalidades contra agresores de mujeres en el estado de Chihuahua, una región que desafortunadamente sigue teniendo altos índices de feminicidios.

 

En esta entidad, desde 2010, han sido asesinadas por lo menos 1045 mujeres, de acuerdo con la base de datos de Justicia para Nuestra Hijas,“pero  parecería que el estado despliega sus recursos para negarles el acceso a la justicia a aquellas que logran sobrevivir”,señaló Castro.

Redacción: Corina Muruato

lucha castro

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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