Los funcionarios del fideicomiso Barrancas del Cobre y de la Secretaría de Economía se niegan a proporcionar la información del proyecto turístico a las comunidades indígenas y continúan construyendo obras en sus territorios sin importarles la opinión de las comunidades y la consulta libre, previa e informada.

El 7 de octubre en el salón del ICATECH en el poblado de Creel, se llevó a cabo la quinta reunión preliminar de constitución del Consejo Consultivo del fideicomiso Barrancas del Cobre, la cual no se ha llevado a cabo porque el gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía continúa obstaculizando la entrega de información y la propuesta de consulta que las comunidades le han hecho.

Manifestamos nuestra preocupación por la falta de respeto con la que funcionarios del Fideicomiso Barrancas del Cobre y del jurídico de la Secretaria de Economía tratan a las comunidades indígenas, ya que, la respuesta a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es más que una simulación y no una respuesta política y socialmente convincente para los afectados.

El 23 de agosto pasado las comunidades solicitaron a turismo que les proporcionara la información detallada del proyecto turístico, condición indispensable para iniciar una relación de confianza y también le entregaron al Gobierno del Estado las propuestas y modificaciones a las reglas de operación del Consejo Consultivo. En esa misma reunión los representantes del Gobierno del Estado se comprometieron a entregar la información pública, analizar las propuestas de las comunidades a las regalas de operación y devolverlas en un plazo de 15 días, con el fin de que fuesen revisadas por las comunidades y llegar a la siguiente reunión con mayor consenso.

Sin embargo, el 19 de septiembre la Secretaría de Economía contestó a través del Instituto Chihuahuense para la  Transparencia y Acceso a la Información Pública que la información solicitada por las comunidades es RESERVADA y que por lo tanto no se les entregará.

La negativa de proporcionar la información, así como el retraso en la entrega de las observaciones nos demuestra la falta de voluntad para escuchar la opinión de la gente y la conformación del Consejo Consultivo que respete los derechos a la información y a la consulta.

Los representantes de las comunidades analizaron la pertinencia de acudir a la quinta reunión preliminar del Consejo Consultivo convocada para el lunes 7 de octubre en el poblado de Creel y decidieron acudir para conocer personalmente los motivos de esta falta de voluntad.

En la reunión del 7 de octubre hubo ausencia de las instituciones que ordinariamente asisten a estas reuniones, sólo acudió personal de la Secretaría de Economía y de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, también estuvieron presentes representantes de las comunidades indígenas de Huitosachi, Bacajipare, Mogotavo y Repechique; el representante de la Diócesis de la Tarahumara, el Presidente de COSYDDHAC y personal de Tierra Nativa y la Consultoría Técnica Comunitaria.

La asistencia de sólo dos dependencias de gobierno manifiesta que la Secretaría de Economía encargada de convocar a las instituciones de gobierno que en su momento formarán parte del Consejo Consultivo no lo hizo.

Por otra parte, los acuerdos más significativos tomados en esta reunión fueron los siguientes:

1) Las comunidades y los representes de las instituciones y organizaciones le solicitan a las autoridades que detengan las obras del Proyecto Turístico por la falta de consulta,

2) Que la Secretaría de Economía entregue la información independientemente del acuerdo de Reserva emitido,

3) Las comunidades solicitan se informe al Sr. Gobernador la necesidad de respeto a la autonomía de los territorios de las comunidades indígenas.

En este proceso el gobierno no ha demostrado buena fe y voluntad de diálogo y entendimiento, que aún cuando existe el decreto de constitución del Fideicomiso desde 1996, así como la sentencia de la SCJN que les ordena que cumplan y respeten los derechos de los pueblos indígenas, continúan construyendo obras en territorios indígenas sin importarles la opinión y el acuerdo previo de las comunidades.

Por lo que exigimos al gobierno del estado y al gobierno federal que cumplan con los acuerdos de la reunión del 7 de octubre y que respeten de manera irrestricta el decreto de constitución del fideicomiso, la sentencia de la SCJN y los ordenamientos jurídicos que protegen a las comunidades indígenas.