.-  La Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF Estatal, ha emitido una Resolución de carácter administrativa relacionada con la menor Antonia Armendáriz Gutiérrez quien fuera abandonada en el estacionamiento de un templo católico durante el invierno de enero pasado, en donde la Institución resuelve que a fin de proteger su interés superior, lo que procede es iniciar el Juicio de Pérdida de la Patria Potestad ante la Autoridad Judicial competente (SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA) quien es el órgano competente para determinar si es procedente o no la solicitud.

Al permanecer Antonia Armendáriz Gutiérrez bajo la tutela pública del Estado, pero pendiente de resolverse el Juicio, no es posible pensar en este momento si será factible su adopción, aún no está resuelta la situación jurídica de manera definitiva. Será el Juez de lo Familiar que conozca del caso, quien tendrá la última palabra, también escuchando los argumentos que la madre y familiares de la menor puedan hacer valer a su favor, es decir respetándole su derecho a defenderse.

No obstante, en tanto se determina lo procedente por el Supremo Tribunal de Justicia, la Procuraduría tiene la obligación legal de velar por los intereses y respeto a los Derechos de Antonia y de todos los menores que también se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad o han sido víctimas de maltrato o han sido violentados sus derechos fundamentales, evitando en la medida de lo posible se presenten desenlaces irreversibles e incluso fatales, como el de la bebe que fue encontrada sin vida en el relleno sanitario en días pasados.

Así pues, tanto la Procuraduría como Clara Armendáriz Gutiérrez y sus familiares, serán oídos y presentarán los argumentos y medios de prueba que se estimen pertinentes para que sea el Juez Familiar competente quien determine lo que sea más conveniente para el futuro de Antonia Armendáriz Gutiérrez, privilegiando en todo momento la salvaguarda de su Interés Superior.

Redacción: Corina Muruato