Nueva York, 11 de julio. El gobierno de Barack Obama anunció este lunes una nueva regla que obliga a miles de comercios de armas en los estados fronterizos a reportar al gobierno federal compras múltiples de cierto tipo de rifles, en un esfuerzo por combatir el tráfico de armas a México.

La nueva regla entra en vigor de inmediato y exige a los vendedores comerciales de armas que alerten a las autoridades federales cuando una persona compre en un periodo de cinco días o menos, dos o más rifles semiautomáticos de calibre mayor de .22 con cargador desmontable. La norma se aplica a los aproximadamente 8 mil 500 comercios de armas que operan en Texas, Arizona, Nuevo México y California, estados fronterizos que son fuente de gran parte de las armas compradas por el crimen organizado mexicano.

La medida permitirá a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) detectar e interrumpir las redes de tráfico ilícito de armas responsables de desviar las armas del comercio legal a criminales y organizaciones criminales, declaró el subprocurador general, James Cole, en un comunicado del Departamento de Justicia. La regla, agregó, ayudará a encarar el problema del tráfico ilícito de armas a México y a lo largo de la frontera suroeste. Esta medida, dijo, se promueve ya que la expansión internacional y creciente violencia de las redes criminales trasnacionales representa una amenaza significativa para Estados Unidos.

Actualmente, todo comerciante debe reportar cuando una persona compra dos o más pistolas en un periodo de cinco días; la nueva regla amplía este requisito a los tipos de rifles que favorecen las organizaciones criminales, según los rastreos de la ATF. De acuerdo con investigaciones recientes de la ATF y de agencias del Congreso, entre 70 y 87 por ciento de las armas confiscadas y rastreadas en México provienen de Estados Unidos.

La decisión de imponer la regla llega justo cuando en el Congreso y en el Departamento de Justicia (del cual depende la ATF) se indaga la fallida operación de la ATF Rápido y furioso, y mientras arrecian las críticas de políticos en México y Estados Unidos sobre los efectos de esa iniciativa.

La aplicación de esta norma fue postergada más de un año por la feroz oposición de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y sus aliados en el Congreso. Hoy, el presidente del Comité Judicial de la cámara baja, el republicano de Texas Lamar Smith, cuestionó la regla y declaró que “el anuncio de hoy llega después de meses de polémica sobre Rápido y furioso, que permitió que se traficaran armas a México sin manera de evitar que fueran empleadas para actividades ilegales”. Afirmó que es una gran hipocresía que el gobierno de Obama limite los derechos a las armas de ciudadanos de estados fronterizos, cuando ese mismo gobierno, consciente e intencionalmente, permitió que se traficaran armas a México.

Smith concluyó –resumiendo los argumentos de sus colegas aliados de la NRA– que “limitar los derechos [constitucionales] de ciudadanos que se apegan a la ley no resolverá el problema del tráfico de armas a México. Un requisito adicional de reportarlas no evitará que los cártelesde drogas obtengan armas. Esta regla castiga injustamente a ciudadanos de estados fronterizos que tienen el derecho de comprar armas de fuego para protegerse a sí mismos y a sus familias de peligrosos narcotraficantes y traficantes de personas”.

De hecho, la cámara baja había votado de manera abrumadora contra la imposición de esta regla a principios de este año, recordó The Washington Post. Legisladores y la NRA insistieron, igual que Smith hoy, en que la regla viola los derechos otorgados por la Segunda Enmienda de la Constitución (la cual, según ellos, consagra el derecho de individuos a obtener y portar armas).

En Estados Unidos, según la ATF, cada año se venden 4.5 millones de armas más. De acuerdo con algunos cálculos, aproximadamente una cuarta parte de los adultos de este país son dueños de por lo menos un arma de fuego. En total, se calcula que hoy existen 283 millones de armas de fuego en manos de civiles en este país.