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Chihuahua

Ordenó la Fepade cancelar surtido de agua a colonias marginadas

Un día antes de la jornada electoral, el sábado 30 de junio pasado, la Fepade (Fiscalía Especial para los Delitos Electorales) ordenó la suspensión del reparto de agua en pipas a las colonias precaristas de esta capital.

Así lo denunció el dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Antonio Escamilla Meza, a quien le reveló el hecho un funcionario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). La medida, “fuera de toda legalidad, y constitutiva en sí misma de por lo menos el delito de abuso de poder, fue tomada aparentemente con el argumento de que, con el dicho suministro, se hacía proselitismo a favor de un partido o candidato”, expresó el líder.

Lo cierto es que se trata de una canallada cometida en contra de gente indefensa, dijo Escamilla Meza, “y con toda la alevosía del poder, porque con el mismo argumento pudieron haber ordenado cortar el agua al San Francisco Country Club, por ejemplo”. Pero no lo hicieron –señaló-, “sencillamente porque es más fácil perjudicar a la gente pobre”.

E indicó que “el resultado de tan irracional como injusta orden”, fue que se dejó sin el suministro a miles de familias humildes que habitan en aquellas colonias marginadas, que no cuentan con sistemas de agua potable y que, por tanto, dependen de esa clase de suministro de agua, para “satisfacer” sus mínimas necesidades de sanidad y limpieza.

Recordó Antonio Escamilla que en las últimas semanas, grupos de personas han “secuestrado” dos carros cisternas, desesperados debido a la falta de agua e indignados por la falta de palabra de los funcionarios de la JMAS, quienes se comprometen a regularizar el servicio de las pipas de agua, mínimamente dos veces por semana y que reiteradamente incumplen. Tal fue el caso de los habitantes de las colonias Ampliación 11 de Febrero, colonia precarista que no cuenta con agua entubada, y de Vistas del Cerro Grande, que sí cuenta con tubería, y donde los usuarios cuentan con sus contratos, pagan los recibos que puntualmente les manda la JMAS, pero que llevaban más de un mes y medio sin una gota de agua.

Estos hechos no son casuales, aseguró, y por el contrario, constituyen la punta del iceberg de una inconformidad más amplia y profunda que se anida entre miles de vecinos que están, literalmente, a la caza de las pipas. “Es que para quienes viven en colonias como las antes mencionadas, es bastante conocido el hecho de que muchos ‘piperos’, quizá porque no reciben buenos sueldos, surten el agua, preferentemente y con buenos tratos, a quienes se disponen a pagar por el servicio, dejando para después y con trato despótico, en el mejor de los casos, a quienes no se prestan para fomentar la corrupción o de plano no tienen ni para comer, no obstante lo dicho por las autoridades respecto a la gratuidad del servicio.

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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