Chihuahua
Peritos argentinos sí dieron resultado en la Fiscalía de Juárez
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), contratado por la Fiscalía de Chihuahua para tratar de identificar osamentas de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, desmintió a través de una extensa carta los señalamientos que el pasado martes hiciera el director del Servicio Médico Forense de la entidad, Daniel Jaramillo Vela, quien acusó a el grupo de expertos de haberse marchado sin haber dejado “ninguna documentación ni información sobre los peritajes” practicados en poco más de cinco años de labores.
En la carta, los peritos del EAAF, cuyo trabajo saltó a la fama internacional luego de haber identificado el cuerpo de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, explican que en el 2005 la Procuraduría del Justicia de Chihuahua les solicitó analizar los restos óseos de 30 mujeres, los cuales finalmente se incrementaron a 83 luego de una intensa búsqueda en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y tras una serie de exhumaciones realizadas en fosas comunes por parte de los integrantes del Equipo, quienes se dieron a la tarea de investigar en los libros de cementerios locales.
En otros casos, los restos fueron recuperados de la osteoteca perteneciente a la sala de embalsamamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como de las ex instalaciones abandonadas del SEMEFO en esa localidad fronteriza.
De las 83 osamentas, el EAAF sólo identificó 33 de ellas, cuyos restos fueron devueltos a sus familiares. En todos los casos, advierten, se elaboraran los dictámenes correspondientes que, en su momento, fueron entregados a las autoridades competentes en la materia.
Ya para octubre de 2010, sin embargo, los integrantes del EAAF reconocen que luego de haber agotado todas las posibles vías para identificar las 50 osamentas restantes, como el cruzar información genética y antropológica, se confirmó que ninguna correspondía a las mujeres desaparecidas que se encontraban en su base de datos, la cual incluía los casos de desapariciones y los restos de mujeres no identificados desde 1993 al 2009.
“Lamentablemente, los 50 restos femeninos restantes no habían coincidido genéticamente ni antropológicamente con ninguna de las 42 familias que quedaron sin respuesta. Y así lo informamos a las autoridades correspondientes como consta en el documento que adjuntamos”.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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