México

PRD hará campaña con más presencia y sin helicópteros

El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, dijo que como partido «tuvimos un error al escoger transporte aéreo» para llegar al arranque de campaña de Silvano Aureoles en Michoacán.

Navarrete admitió que ya aprendió la lección, no volverá a usar helicóptero y ante ese hecho «nos dedicaremos a hacer campañas con mayor presencia».

«Primera y última vez que utilizamos ese transporte en las campañas, hay que levantarse más temprano y viajar por carretera, hay que recorrer el territorio nacional con todos los candidatos a diputados», dijo en conferencia de prensa.

Ésto, luego de darse a conocer que usó un taxi aéreo para trasladarse de Toluca a Michoacán el domingo pasado para acompañar a Silvano Aureoles en su arranque de campaña.

Navarrete reconoció que fue un error de opinión pública pero no una ilegalidad.

«Lo admito como error de opinión pública pero de ninguna manera es una ilegalidad porque está la información, la factura, los costos, la empresa y todo lo demás. Los escándalos está en otra parte no los van a encontrar con nosotros», comentó.

Dijo que no calcularon que el tema de David Korenfeld tenía «muy sensible a la opinión pública» sobre el uso de transporte aéreo.

«Debimos haber salido más temprano al evento de Michoacán o haberlo hecho un poco más tarde para poder llegar, era un día de fin de vacaciones donde las carreteras están saturadas», comentó.

Sobre los gastos que se están ejerciendo en el resto de las campañas explicó que «la cuenta del PRD es nacional, es decir, está dirigida a las 9 gubernaturas y 300 candidatos a diputados federales».

Después de que Andrés Manuel López Obrador llamó a no utilizar los programas del Distrito Federal para atraer votos al PRD, Navarrete respondió que «pretender anular los programas sociales en el DF no trae votos, por lo que no echaremos marcha atrás en beneficios de la sociedad».

En conferencia de prensa Navarrete anunció que los candidatos a diputados del PRD suscribieron 11 compromisos para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, como revisar las leyes vigentes y promover posibles modificaciones a favor de los derechos humanos una vez elegidos como diputados federales.

Entre los compromisos suscritos por los candidatos perredistas está el «no utilizar recursos de procedencia ilícita para la promoción del voto, especialmente recursos que provengan de la delincuencia organizada; de los delitos de trata y explotación de personas; esclavitud; servidumbre humana; prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; de turismo sexual de personas menores de 18 años; trabajos o servicios forzados; mendicidad y otras actividades de esta naturaleza».

Fuente: Mileno

México

Madres de víctimas exigen justicia en caso de guardería Gussi tras 18 meses

A 18 meses de la denuncia por presuntos casos de violencia sexual en la guardería Gussi, madres de las niñas afectadas se reunieron con la diputada María Antonieta para expresar su preocupación por la falta de avances en las investigaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM). Las madres relataron que sus hijas, algunas de apenas uno, dos y tres años, estaban bajo el cuidado de la guardería cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Las madres manifestaron que, además del dolor por lo sucedido, enfrentan la incertidumbre de un proceso que no les ha brindado la certeza de que las autoridades estén investigando con la seriedad que el caso requiere. La diputada destacó la gravedad de las afirmaciones de las madres, quienes señalaron que desde la FEM se ha sugerido que las agresiones podrían haber ocurrido fuera de la guardería, sin que se les presenten elementos suficientes que respalden dicha hipótesis.

“No se puede investigar para encontrar una explicación que exonere antes de investigar a fondo. Si hay niñas que fueron víctimas de violencia sexual, la obligación de la autoridad es esclarecer qué ocurrió, dónde ocurrió y quiénes son responsables”, afirmó la legisladora.

La diputada informó que su equipo jurídico está revisando el estado de los expedientes y que buscará la colaboración de organizaciones especializadas, como Casa Amiga, para apoyar a las familias y definir una estrategia jurídica que exija resultados a las autoridades.

Este caso pone de manifiesto una falla que trasciende el ámbito de una carpeta de investigación, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las niñas bajo su cuidado. Cuando ocurren incidentes de esta naturaleza, también debe investigar con rigor y proteger a las víctimas.

“No podemos normalizar que unas madres tengan que tocar puertas durante año y medio para conseguir que se investigue lo que ocurrió con sus propias hijas. Las infancias no pueden esperar. Y si alguien, por omisión o negligencia, no está haciendo su trabajo, tendrá que responder por ello”, enfatizó la diputada.

La legisladora reafirmó su compromiso de acompañar a las madres desde su responsabilidad legislativa y utilizará las herramientas a su alcance para exigir que las autoridades competentes actúen con diligencia, perspectiva de infancia y enfoque de derechos humanos, hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.