Chihuahua
Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social Homologa procesos en todo el Estado
El pasado 5 de Septiembre de 2012, se formalizó el último acto de entrega recepción de los expedientes administrativos y demás documentación relativa a la atención de personas en estado de vulnerabilidad que hasta esa fecha se llevaron por parte de los DIF Municipales, dando así cumplimiento a las disposiciones a que se refiere la Ley de Asistencia Social Pública y Privada del Estado de Chihuahua, acto por el cual La Licenciada Silvia Manuela Vázquez Lazcano, Procuradora de Asistencia Jurídica y Social recibió los asuntos que hasta antes de la fecha estaban a cargo de las Unidades Administrativas Municipales en funciones de Subprocuradurías Auxiliares.
Por conducto las Subprocuradurías Auxiliares de Asistencia Jurídica y Social se atenderán los 14 Distritos Judiciales del Estado, contribuyendo a la adecuación y mejora de los procesos y a elevar la calidad de los servicios que se prestan actualmente a menores de edad, adulto mayor, discapacitados y demás personas en estado de vulnerabildad, garantizando la aplicación de los procedimientos y políticas asistenciales más adecuados, pues se cuenta con el recurso humano y material suficiente para atender los 67 Municipios del Estado, con personal de trabajo social, psicología y jurídico y en instalaciones a cargo del DIF Estatal, en estricto cumplimiento a lo establecido por la Ley de Asistencia Social Pública y Privada, todo gracias al apoyo que se ha recibido por parte del Gobierno del Estado.
Al contar con personal altamente competente se podrán ofrecer y supervisar programas de protección a los derechos de los grupos en estado de vulnerabilidad, generando el libre flujo de información estadística para el diseño de programas de fortalecimiento familiar, homologando los criterios de interpretación y de aplicación de los procedimientos de manera puntual y adecuada. Además, con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los respectivos lineamientos, el DIF Estatal garantiza la coordinación y control de adopciones, así como la ejecución de acciones de revisión, diagnóstico, control y seguimiento respecto de establecimientos que prestan servicios de albergamiento en todo el territorio del Estado.
Por primera vez, la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social cuenta con una estructura funcional a nivel Estatal que garantiza la aplicación de controles adecuados, evaluaciones periódicas y seguimiento oportuno a las funciones que desempeñarán cada una de las Subprocuradurías Auxiliares, actuando como un solo ente en los 67 Municipios del Estado de Chihuahua y no como unidades fraccionadas, con aplicación de criterios diversos y con limitación en cuanto a cobertura espacial.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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