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Política

Proponen dar hasta 20 años de cárcel a violadores

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La normatividad vigente en el Código Penal de Chihuahua en lo concerniente al castigo para los violadores, ha sido rebasada por la realidad social y ante el incremento de este tipo de conductas delictivas, se hace evidente endurecer la penas contra los violadores.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Liz Aguilera García, propuso que se modifiquen los artículos 171, 172, del Código Penal del Estado, para que se imponga prisión de 5 a 15 años de prisión para quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo.

Así como de 8 a 20 años de prisión, para quien realice esta conducta sobre menores de edad o personas con incapacidad, así mismo en los concerniente al artículo 175 se agregaron situaciones como muerte de la víctima y se especifica sanciones en caso de familiares y personas cercanas para que se aumenten las sanciones.

«No olvidemos que la violación está considerada como uno de los mayores daños que puede sufrir una persona porque trae a su vez distintas consecuencias inmediatas, mediatas y a largo plazo, con daños emocionales, biológicos y sociales», expresó la legisladora.

Precisó que además de los trastornos en la integridad de la persona violada, la víctima pierde su libertad y dignidad como persona y en su entorno, la pérdida autonomía, confianza, seguridad, control y autoestima, cuadros de depresión y ansiedad, ideas de suicidio, sentimiento de culpa, temor y rechazo a la sexualidad, entre otros problemas.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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