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Chihuahua

Recibe adolescente condena de 15 años por matar a dos policías en Juárez

Un Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores sentenció a 15 años de prisión a un adolescente que participó en la ejecución de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez.

El joven sicario fue identificado como Sergio Andrés P.H. de 17 años, y tendrá que permanecer encarcelado en la escuela de mejoramiento social para menores “México” de esta frontera, al serle impuesta la sentencia máxima de reclusión.

Al ser considerado responsable de los delitos de homicidio con penalidad agravada y posesión de vehículo con reporte de robo, se indicó que participó en la ejecución de los agentes, Blanca Jessica Martínez Puentes y César Augusto Martínez Hernández de 22 y 25 años de edad, respectivamente.

La doble ejecución tuvo lugar el pasado 7 de noviembre del 2010 cuando los elementos se encontraban en un estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Rancho Mesteñas del fraccionamiento Pradera Dorada.
Asimismo, el menor fue sentenciado a pagar 470 mil pesos por la reparación del daño y gastos funerarios a favor de los deudos de las víctimas: “efectivo que tendrá que pagar solidariamente con su coautor Mario Quiñones Barraza”.

Ambos sujetos, fueron detenidos el mismo día del crimen, tras implementarse un operativo con todas las corporaciones policiacas, entre las que participaron, los elementos de la Policía Federal, estatal y personal del Ejército del Operativo Conjunto Chihuahua.

“Los testimonios y probanzas aportadas por agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores de la Fiscalía General del Estado, fueron contundentes para acreditar su participación en los homicidios”, se indicó.

Su cómplice, Mario Quiñones Barraza fue sentenciado por estos hechos a la prisión vitalicia (cadena perpetua) el pasado 23 de septiembre de 2011, luego de que se aprobara esta ley para condenar con esta pena a los asesinos de policías en esta entidad.

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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