El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aceptó la responsabilidad del Estado mexicano en elcaso Paloma Angélica Escobar Ledezma, asesinada en 2002, mientras el mandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez, reconoció que el gobierno estatal ‘no procedió con diligencia y eficacia’.

Al encabezar el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, Poiré Romero admitió la violación a los derechos de las garantías judiciales, a los derechos del niño, al igual que a la protección de la ley y la integridad personal de Escobar Ledezma, de 16 años.

Paloma Angélica trabajaba en una empresa maquiladora y los sábados asistía a clases de computación. El 2 de marzo de 2002 salió de su casa a las 15:15 horas rumbo a su curso, pero no regresó; el día 29 fue hallado su cuerpo sin vida en una carretera.

El encargado de la política interior del país ofreció, en nombre del Estado mexicano, su sincera disculpa a Norma Ledezma Ortega y Dolores Alberto Escobar, padres de Paloma, así como a su hermano Fabián Alberto.

Al condenar ese homicidio, expresó que ‘la pérdida de la vida causada por un crimen nos causa un profundo dolor a todos cuando ello ocurre contra una niña, nos llena de rabia y angustia por un futuro perdido, por una esperanza cegada, por un porvenir destruido, por la acción irracional e inhumana de los delincuentes’.

Poiré aseveró que su visita a la entidad tuvo como objetivo ‘reconocer públicamente la responsabilidad que tiene el Estado mexicano por la violación a los derechos de las garantías judiciales, a los derechos del niño, al igual que la protección de la ley y la integridad personal de Paloma’.

Según un comunicado de la Segob, el funcionario mencionó que en un Estado democrático de derecho, cada servidor público está obligado a cumplir con su deber establecido por la ley y que ante todo probable delito, debe haber una investigación oportuna, inmediata, seria e imparcial.

En nombre del Estado mexicano, exigió que todos y cada uno de los servidores públicos del sistema de procuración e impartición de justicia hagan absolutamente todo lo que esté a su alcance para que nunca vuelva a ocurrir lo acontecido a Paloma Angélica, a sus familiares y amigos.

El Estado mexicano, sus tres órdenes de gobierno, los distintos poderes y la sociedad en su conjunto tienen el compromiso de trabajar de manera coordinada e institucional para que actos deleznables, como los perpetrados contra Paloma Angélica, no sucedan nunca más, dijo.

El responsable de la política interna del país refirió que la protección y defensa de las garantías fundamentales es una de las más altas prioridades del gobierno del presidente Felipe Calderón.

En esta administración el Estado mexicano ha alcanzado avances de gran trascendencia, como las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, en materia de amparo y al sistema de justicia penal, que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantía que se haya realizado en México en décadas, destacó.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) planteó que para acelerar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia en los tres órdenes de gobierno, se trabaja de manera coordinada en siete aspectos fundamentales.

Esto es, el fortalecimiento y actualización de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República en la lucha por la seguridad, para que se siga dando con apego a la legalidad y con absoluto respeto a los derechos humanos.

Además en la atención a las víctimas de la violencia, así como a la búsqueda de personas no localizadas, a través de ProVíctima, y en políticas de colaboración y apertura con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), atendiendo a sus recomendaciones, así como con organismos internacionales.

Alejandro Poiré enlistó que se trabaja asimismo en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También en intensificar los esfuerzos de capacitación en materia de seguridad y derechos humanos a todos los servidores públicos; en la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y en impulsar los cambios jurídicos y de armonización legislativa, incluyendo la iniciativa que moderniza el fuero militar.

En el acto celebrado en las instalaciones del Centro de Justicia de las Mujeres, Duarte Jáquez comentó que ‘reconocemos que el gobierno de Chihuahua no procedió con diligencia y eficacia en el caso de Paloma’.

Aceptó que algunas instituciones y funcionarios impidieron que en este caso hubiera justicia, por lo que ‘es preciso ofrecer testimonio público de reconocimiento a quienes se indignan ante la injusticia. Lo peor de las barbaries de nuestro tiempo es que se ensañan con los más débiles’.

El gobernador de Chihuahua consideró que ‘reconocer no basta, pero es punto de partida, es el principio de una nueva etapa con respeto a los derechos de las víctimas’.

Los gobiernos del estado y de la República formulan ahora su reconocimiento internacional de que Escobar Ledezma y otras víctimas de homicidio no gozaron plenamente de garantías judiciales, que hubiesen atemperado las injusticias que recibieron.

César Duarte aseveró que es preciso afrontar el reto y darle causa institucional, porque el Estado tiene la responsabilidad de reconocer su negligencia en el transcurso de los gobiernos. ‘Hoy nos toca asumir que el Estado pudo evitar parcial o totalmente los daños’, externó.

Más aún, señaló que hay injusticias manifiestas cuya responsabilidad es atribuible a las autoridades, por lo que se está ante los fallos humanos de los funcionarios en la investigación del delito y persecución de los delincuentes.

Explicó que la injusticia pasiva es quizá la peor porque ‘a la injusticia de un delito le sigue la injusticia pasiva de una autoridad que no actúa y no atiende con atingencia a las víctimas’.

A ello se suma ‘la indiferencia civil y la apatía gubernamental, que ve asuntos o expedientes y deja de ver a seres humanos con dolor que claman justicia’, abundó.

El mandatario estatal reconoció la valentía de la señora Norma Ledezma, a quien expresó: ‘Sepa bien que mi gobierno está resuelto a seguirla apoyando y a llegar hasta las últimas consecuencias, en éste y todos los casos que requieren justicia’.

Poiré y Duarte se reunieron en privado en el despacho del Ejecutivo estatal, donde trataron temas de coordinación entre los gobiernos federal y de la entidad.