La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), ha presentado una iniciativa para tipificar el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal Federal, con el objetivo de imponer penas severas a quienes incurran en esta práctica, especialmente cuando involucre a menores de edad. La propuesta establece que el reclutamiento forzado será sancionado con penas de quince a veinticinco años de prisión y multas de mil a dos mil días, mientras que en el caso de menores, las penas podrían ascender de veinte a treinta años de prisión y multas de dos mil a cuatro mil días.

El documento fue enviado a la Comisión de Justicia y define el delito de reclutamiento forzado como aquel que se comete mediante el uso de fuerza, violencia física o moral, amenazas, engaño, coacción económica o aprovechamiento de situaciones de extrema vulnerabilidad. Esto incluye obligar, inducir o incorporar a una persona a formar parte de una asociación delictuosa, banda, pandilla o grupo criminal organizado, con el fin de que participe en la comisión de delitos, realice labores de vigilancia, logística o preste servicios de cualquier índole.

La iniciativa también especifica que no será necesario demostrar el uso de violencia o engaño para que se considere el delito, y el consentimiento otorgado por la persona menor de dieciocho años no será motivo para excluir la responsabilidad penal. Además, se contempla un aumento de las penas hasta en una mitad si el autor del reclutamiento es o ha sido servidor público de alguna institución de seguridad pública, procuración de justicia, sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas.

Esta propuesta busca abordar de manera más efectiva el grave problema del reclutamiento forzado de menores, que ha sido una preocupación creciente en el país, en un contexto donde la violencia y la delincuencia organizada afectan a las comunidades más vulnerables.