Política
Se pide informe sobre repatriados o deportados
El Congreso Estatal, emitió este día un exhorto al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, rindan un informe de la situación actual de las personas repatriadas o deportadas y de los programas o acciones que se aplican actualmente para ayudarlos a reintegrarse a la vida social y laboral en México.
El Congreso Estatal, emitió este día un exhorto al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, rindan un informe de la situación actual de las personas repatriadas o deportadas y de los programas o acciones que se aplican actualmente para ayudarlos a reintegrarse a la vida social y laboral en México.
La propuesta tiene su origen en que en el Estado de Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez, existe población flotante, en su mayoría personas que han sido repatriadas o que están buscando cruzar a Estados Unidos de América y mientras logran reunir la cantidad suficiente de dinero para volver a su lugar de origen o en su caso para cruzar la frontera, se ven en la necesidad de instalarse en Ciudad Juárez. Es por ello que se han implementado varias acciones por los tres órdenes de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, para tratar de ayudarlos y que no se conviertan en un problema para la Ciudad.
Desafortunadamente la cantidad de población flotante es difícil de saber y de ubicar ya que en su mayoría no cuentan con un domicilio fijo, ni trabajo estable, teniendo que recurrir en ocasiones a actividades ilícitas para sobrevivir, lo que se convierte en un problema.
En virtud de esto, el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB), en conjunto con el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, llevaron a cabo la firma del Memorándum de Entendimiento sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos, el día 20 de febrero del año 2004. En el cual establecen un marco general de referencia que contemple acciones bilaterales específicas, integrales y coordinadas, así como procedimientos transparentes para realizar la repatriación de nacionales mexicanos de forma segura y ordenada.
Respecto al punto anterior, el Senado de la República del Congreso de la Unión, el 15 de diciembre del año 2011, realizó un exhorto a las Secretarías mencionadas anteriormente, para que promovieran una evaluación de cumplimiento al Memorándum citado, para lograr la incorporación al tejido social de quienes son repatriados.
Sobre todo existe la preocupación de que se debe garantizar que quienes sean devueltos al País, sean atendidos desde sus primeras necesidades, hasta su retorno a sus lugares de origen y de su reinserción a la sociedad y productividad, de hecho ese es el reto nacional como regionalmente ya que debe de abordarse con políticas públicas eficientes y para tal fin se necesita de la solidaridad de todas las Entidades de la República Mexicana.
Es importante mencionar que en diciembre del año 2007 se creó el Programa de Repatriación Humana coordinado por el Instituto Nacional de Migración, con la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada.
Para la operación de dicho programa el Instituto Nacional de Migración cuenta con nueve módulos de Repatriación en la Frontera Norte, dos de ellos ubicados en Chihuahua, en Ciudad Juárez y Ojinaga. De acuerdo con el quinto informe de labores de la Secretaría de Gobernación, del primero de septiembre del año 2010 al 30 de junio del 2011 se vieron beneficiados un total de 221 mil 615 mexicanos repatriados.
Lo anterior se menciona para dejar en claro que se están realizando esfuerzos por el Gobierno Federal para mejorar la calidad de vida de los repatriados, aunque se está consciente de que es una tarea ardua y que se tiene que seguir trabajando en ello.
Política
La red Taddei opera en 17 estados con contratos por 1,803 millones de pesos
La red de empresas vinculadas a Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha extendido sus operaciones a al menos 17 estados de la República Mexicana, acumulando contratos por un total de mil 803 millones 80 mil pesos. Estas empresas están acusadas de presunta simulación de competencia y conflictos de interés, y han proporcionado materiales y documentación electoral a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Las investigaciones sobre los contratos y relaciones comerciales de estas empresas están siendo llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Entre las empresas implicadas se encuentra Formas Finas y Materiales, especializada en el suministro de papelería electoral, urnas, mamparas de votación y útiles de casilla. Esta empresa ha obtenido al menos 15 contratos adjudicados en 11 OPLE estatales, por un monto que supera los 540 millones de pesos.
Los documentos de fiscalización revisados ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que Formas Finas y Materiales tiene contratos con varios institutos locales, incluyendo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde se le adjudicaron contratos para el suministro de papelería, materiales de casilla y documentación electoral. Asimismo, la empresa ha sido contratada por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE Aguascalientes), donde se estima que la contratación asciende a aproximadamente 17 millones de pesos durante el proceso electoral de 2024.
Adicionalmente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) también ha contratado a Formas Finas y Materiales para la producción e instalación de documentación y material de casilla. Esta misma empresa brinda servicios al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), anteriormente conocido como la Comisión Estatal Electoral (CEE), con adjudicaciones de útiles electorales y materiales de votación. La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos electorales en el país.
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