• Las declaraciones patrimoniales de los 128 senadores de la República dejaron ver que cada legislador reporta de forma diferente su sueldo mensual neto.

Hay quienes dicen que cobran, con todo y bonos, 425,000 pesos y quienes aseguran que ganan sólo 90 pesos. Antes de llegar a la Cámara Alta, todos los integrantes de la LXII Legislatura debieron completar su declaración patrimonial. Autorizaran o no que fuera pública, el dato sobre remuneración mensual como Senador se transparentó.

Pero las cifras distan mucho entre legisladores. Sobre su remuneración mensual neta como Senador, que incluye sueldo, compensaciones, bonos y otras prestaciones libres de impuesto, el perredista vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Sánchez, declaró que percibe 425,000 pesos al mes.

En contraste, la panista, Mariana Gómez del Campo, declaró en este rubro la cantidad de 90 pesos. Otra legisladora que reportó un salario superior al promedio de sus demás compañeros fue Lay­da Sansores, del Movimiento Ciudadano, quien precisó remuneración por 354,000 pesos. Mientras que la priísta Marcela Guerra declaró 289,703 pesos.

El senador Armando Neyra, exsecretario de Finanzas de la CTM, reportó que gana 160,842 pesos mensuales netos; el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, declaró 87,414 pesos.

Fuente: El economista

Asimismo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, reportó 104,588 pesos.
Conforme a su declaración patrimonial el año pasado, el coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado, admitió 91,000 pesos como percepción mensual pero en mayo del 2013 publicó otra declaración y por percepción anual: con bonos, compensaciones y aguinaldo, sumó 618,309 pesos, cifras que no coinciden si los 91,000 se multiplican por los 12 meses del año.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, y el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, publicaron que al mes su dieta es de 140,834 pesos. Mientras que el líder de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, declaró 123,689 pesos.

De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando del 2012 (cuando agregaron el sueldo en sus declaraciones patrimoniales) su dieta mensual neta y oficial es de 121,700 pesos. Pocos legisladores coinciden con la cantidad que precisa del documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Los altibajos de las cantidades podrían suponer descuentos por ahorro voluntario o por aportaciones a los grupos parlamentarios.

Ernesto Ruffo (PAN) presenta en su página web un rubro de transparencia en el que especifica que el monto de su dieta neta es de 92,113 pesos y el bruto es de 195,936. Le descuentan de su dieta bruta 57,165 pesos por deducciones de ley, 34,289 por ahorro voluntario y 12,369 por aportación su grupo parlamentario.

Ley prevé sanciones por mentir

Melissa Ortiz, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, dijo a El Economista que la disparidad de percepciones reportadas por legisladores es consecuencia de la opacidad de los recursos públicos que se manejan en el Congreso de la Unión.

Afirmó que ni siquiera los senadores saben cómo llenar su formato de declaraciones patrimoniales porque no hay reglas precisas de transparencia en el Congreso.

La información que proporcionan es importante porque llega a la Secretaría de la Función Pública y “en el caso de legisladores, quien resguarda las declaraciones públicas es la ASF”, aclaró.

“Los ciudadanos deberíamos saber cuáles son las percepciones completas de un senador, cuánto están recibiendo de dieta pero cuántos son bonos, por qué son estos bonos, a quién corresponden, si tienen ayuda para viajes… Deben rendir cuentas”, aseveró.

El artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en su último párrafo que el servidor público que en su declaración deliberadamente falte a la verdad “será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la SFP formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para efectos legales”.

Antes de las sanciones, la ley plantea un procedimiento a través del cual el funcionario públicoes citado para aclarar faltas.