La diputada del Partido Verde en Chihuahua, Brenda Ríos Prieto, presentó ante el pleno del Congreso Estatal, una iniciativa de Punto de Acuerdo para solicitar el Gobierno del Estado un informe sobre la situación que se presenta con las denominadas “cuotas voluntarias” en los planteles de educación básica.

Dicho informe, señaló la legisladora, deberá incluir lo relativo a los mecanismos que ha implementado para dar cumplimiento al artículo 6º de la Ley General de Educación, y en su caso, la existencia de alguna instrucción a los directivos de los planteles para que no condicionen el ingreso o el acceso al pago de las cuotas; así como el número de quejas presentadas a este respecto durante el tiempo de la actual administración y las sanciones existentes para aquellos funcionarios públicos que violenten dicha normatividad.

Por otra parte, la diputada Ríos Prieto comentó que las cuotas voluntarias para los padres de familia, resultaron ser un eufemismo, pues en la práctica su pago se volvió obligatorio para la admisión de los alumnos, dejando de lado el carácter voluntario. En otros casos, se permitía al alumno asistir pero se realizaban acciones para exhibir a dicho niño ante la comunidad estudiantil, como consta en diversos testimonios, generando un ambiente hostil contra el menor.

De la misma manera, dijo, existen testimonios de que en algunos planteles se condiciona el ingreso del alumno por la utilización de un uniforme, que en muchos de los casos se imponen con especificaciones acerca del calzado o el tipo de ropa que van más allá del mero objetivo de identificación.

Precisó que la Ley General de Educación es clara al respecto de la problemática de las cuotas obligatorias, al determinar en el artículo 6º que la educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

En este sentido, señaló la legisladora, “no desconocemos la situación de la educación básica de nuestro país y la existencia limitada de recursos para garantizar dicho fin, pero al tratarse de un derecho fundamental garantizado por la propia Constitución, es obligación del Estado Mexicano prestar dicho servicio para lo cual debe hacer las previsiones o reasignaciones presupuestarias, más aún en una época en la que se habla de Cultura de la Legalidad, las instituciones públicas deben ser las primeras en cumplir con lo que establece la ley.

Por tal motivo y ante la existencia de información en diversos sentidos, la presente propuesta tiene como objetivo conocer de la propia autoridad la situación al respecto, sin dejar de lado que el compromiso principal que tenemos como representantes populares está con la ciudadanía en general.