Chihuahua

Uno de cada 5 asesinatos del sexenio fue en Chihuahua

Chihuahua.- De los 83 mil 191 asesinatos dolosos atribuidos al crimen organizado que hubo en el país durante el gobierno de Felipe Calderón, 16 mil 467 se consumaron en Chihuahua. Y el 98% de ellas quedaron en total impunidad. Así lo declara el presidente estatal del MORENA en Chihuahua, Víctor Quintana, a partir de los datos de la Fiscalía General del Estado aparecidos en el Semanario Zeta, de Tijuana, publicados el 23 de noviembre.

Chihuahua ocupa un terrible primer lugar en el número de ejecuciones, si bien durante 2012 parece que el estado de Guerrero empieza a superarlo. El 19.7% de los homicidios dolosos atribuidos al crimen organizado tienen lugar en esta entidad norteña. Después de los 16 mil 467 asesinatos atribuidos al crimen organizado en Chihuahua, figura en un distante segundo lugar el estado de Sinaloa, la “meca de los cárteles” con 7 mil 954 y luego el estado de Guerrero, con 7 mil 313.

“Si bien la principal causa de la escalada de ejecuciones radica en la equivocada política de la llamada “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón, el hecho de que Chihuahua se lleve por más del doble al estado que le sigue en este rubro, revela que las administraciones estatales también contribuyeron a esa elevada tasa de homicidios dolosos por la manera como enfrentaron el problema y la casi absoluta impunidad (98%) en que permanecieron”, opina el dirigente del MORENA en la entidad.

Ante esto urge cambiar de fondo la política contra el crimen organizado, reconocer lo equivocado de la estrategia empleada estos últimos seis años, tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos estatales, concluye el dirigente estatal del MORENA. Chihuahua no tiene por qué seguir marcado por el farol rojo de los asesinatos y de la sangre.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.