Chihuahua, Chih. – Una jueza federal ha otorgado una suspensión provisional a favor de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano, ordenando al secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, que se abstenga de emitir pronunciamientos de culpabilidad o cualquier expresión que pueda afectar su presunción de inocencia. Esta decisión fue emitida el 5 de noviembre por el Juzgado Tercero de Distrito en Chihuahua, en el marco del juicio de amparo 2673/2026-XIII-7, que fue promovido contra actos atribuidos al funcionario estatal.

La resolución cautelar no implica que De la Peña haya incurrido en una violación constitucional ni establece responsabilidad administrativa o penal. Sin embargo, se considera necesario imponer límites temporales a sus declaraciones mientras se lleva a cabo el análisis judicial del caso. La defensa de Domínguez Anguiano argumentó que la jueza revisó expresiones públicas atribuidas al secretario y advirtió sobre una posible afectación a la presunción de inocencia de su clienta.

La jueza también destacó que los funcionarios de alto rango tienen obligaciones especiales de diligencia y verificación razonable de los hechos al hacer declaraciones públicas, dada la autoridad e influencia que poseen. Como resultado, la suspensión provisional exige que De la Peña evite pronunciamientos de culpabilidad o expresiones que puedan comprometer la presunción de inocencia de Andrea Domínguez en relación con la información vinculada a su denuncia.

La demanda de amparo incluye ocho señalamientos específicos sobre acciones y presuntas omisiones atribuidas al secretario general de Gobierno. Estos puntos, planteados por la defensa, forman parte de los antecedentes y actos reclamados que serán analizados en los procedimientos correspondientes. Es importante señalar que la inclusión de estos puntos en la demanda no implica que hayan sido acreditados judicialmente.

La defensa sostiene que los hechos denunciados podrían tener repercusiones más allá del juicio de amparo si se logran probar ciertas conductas y deberes jurídicos incumplidos, lo que podría acarrear consecuencias constitucionales, administrativas o penales. Sin embargo, la existencia de tales consecuencias dependerá de que las autoridades competentes logren acreditar los hechos y determinar si se actualiza alguna responsabilidad conforme a la legislación aplicable.

Este caso tiene como antecedente la denuncia presentada por Andrea Domínguez ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la que expuso amenazas, intimidación y posibles abusos de autoridad, además de solicitar protección institucional. La defensa argumenta que es crucial determinar qué conocían las autoridades estatales sobre esta situación y qué acciones tomaron o dejaron de tomar al respecto.

La resolución del 5 de noviembre establece un límite judicial sobre las declaraciones públicas del secretario general de Gobierno, con el objetivo de proteger provisionalmente la presunción de inocencia de Domínguez mientras se resuelve el fondo del juicio. La audiencia incidental para determinar si se mantiene la medida cautelar se llevará a cabo el 12 de noviembre a las 9:26 horas. Las medidas de protección institucional solicitadas por Andrea Domínguez también continúan siendo parte del procedimiento.