Política
Desacreditados, los partidos se juegan su resto en 2017
Sumidos en el descrédito, cuando no en escándalos de corrupción, los partidos políticos se jugarán su resto en las elecciones de 2017, las cuales son preámbulo de los comicios presidenciales y laboratorio de las estrategias electorales que se pondrán en marcha en 2018. La contienda se centrará entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), mientras que Morena hará un esfuerzo por meterse a la competencia, en medio de la fractura que vive la izquierda y el descenso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las preferencias de los ciudadanos.
Para el PRI, el reto es mayúsculo, después de perder seis gubernaturas en las elecciones de 2016, y particularmente porque está en juego su principal bastión, el estado de México, que siempre se ha distinguido por ser priísta y en la actualidad terruño del presidente Enrique Peña Nieto y del grupo político que encabeza.
Beneficiado por una izquierda fracturada, Acción Nacional buscará demostrar que sus triunfos en junio pasado no fueron obra de la casualidad. Para ello pretende repetir la fórmula que le dio los triunfos en Veracruz, Quintana Roo y Durango, es decir, establecer alianzas con el PRD. A esta estrategia podrían sumarse el debilitado Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
En los comicios de 2017 estarán en disputa además de la gubernatura del estado de México, las de Nayarit y Coahuila; 270 ayuntamientos, incluidos los de Veracruz; 65 diputaciones y 197 regidurías. Un total de 19 millones 604 mil personas podrán ejercer su derecho al voto, según los datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Las cuatro entidades suman una población de 28 millones 436 mil personas, es decir, 23 por ciento de total del país.
Durante los procesos electorales en curso, Morena pondrá a prueba la estructura territorial que dice haber construido. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de este partido, aseguró en los primeros días de diciembre que contaban con más de 4 mil comités de base, de alrededor de 6 mil que se requieren para vigilar el voto y defender su triunfo.
Esta fuerza política tenía representación únicamente en mil 200 seccionales, es decir, menos de 20 por ciento del total, pero en el segundo semestre del año realizó un trabajo intenso en todos los rincones del estado de México, al igual que en otras entidades del país, para organizar su estructura territorial, con Horacio Duarte y José Ramón López Beltrán –hijo del ex candidato presidencial– a la cabeza.
Con ello, Morena se convierte en el segundo partido en lograr una organización partidista amplia.
El PRI, que recientemente nombró a Heberto Barrera Velázquez presidente de la comisión mexiquense de procesos internos –a cargo de la selección de candidatos–, también realizó la renovación de toda su estructura territorial.
Con una población de 16 millones de personas y un listado nominal de 11 millones, cuatro más que en la capital del país, la cual tiene 7.2 millones de electores, se considera la elección del estado de México como la más importante en 2017, esto es, la joya de la corona.
En 2011, la alianza del PRI, PVEM y Nueva Alianza, con Eruviel Ávila como candidato, ganó 61.97 por ciento de la votación, que representó 3 millones 18 mil 588 votos; la coalición del PRD, PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), con Alejandro Encinas, tuvo 20.96 por ciento, es decir, un millón 20 mil 857 sufragios, y el PAN, con Luis Felipe Bravo, se quedó en tercer lugar con 12.28 por ciento de la votación (598 mil 45 votos).
Hoy el blanquiazul, alentado por las victorias obtenidas en junio pasado en siete gubernaturas, pretende encabezar un amplio frente opositor, pues a pesar de la baja votación que tuvo hace cinco años, ahora tiene mayor intención de voto que el PRD.
La disputa por la gubernatura mexiquense se centrará en los municipios del Valle de México, donde se concentra 70 por ciento de la votación estatal, mientras el 30 restante se encuentra en Toluca y los otros ayuntamientos. El panismo tiene fuerte presencia en la zona norte del estado, como Naucalpan y Tlalnepantla; en cambio, el PRD la tiene en el oriente, particularmente en Nezahualcóyotl.
Los perredistas admiten que no tienen estructura consolidada en la mayoría de los municipios de esta entidad, ni en Nayarit y Coahuila –entidades donde prácticamente son testimoniales–, por lo cual su apuesta es aliarse al PAN, que ve 2017 como preámbulo para regresar a Los Pinos.
En Nayarit se espera una competencia reñida entre PAN y PRI por una gubernatura de cuatro años; y en Coahuila, el escenario es similar.
Actualmente, a escala nacional, los del blanquiazul gobiernan 35 millones de personas en 11 estados: Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas y en alianza con el PRD, Durango, Quintana Roo y Veracruz.
En tanto, el PRI registró un decrecimiento al perder bastiones históricos en las elecciones pasadas, de los cuales resalta Veracruz, con 8 millones de habitantes. Pese a ello mantiene 15 estados en su poder.
Mientras tanto, el PRD gobernaba en 2015, 17 millones de personas ubicadas en la Ciudad de México, Michoacán, Morelos y Tabasco. Las alianzas con el PAN le dieron el triunfo en Quintana Roo, Veracruz y Durango, aunque estudios del propio partido refieren que con esa estrategia sólo han fortalecido a los panistas, porque han seguido tenido descalabros tanto en votación como en espacios de representación en los gobiernos locales.
Fuente: La Jornada
Política
PAN rechaza propuesta de Brenda Ríos para aclarar en qué se gastó el aumento al ISN cobrado a empresarios
05 de noviembre de 2026. Con 14 votos en contra del PAN, PRI y MC, fue rechazada la propuesta de Morena para transparentar el destino de los recursos adicionales del Impuesto Sobre Nóminas.
Ningún diputado del PAN subió a tribuna para defender su postura ni explicar por qué votaría contra la solicitud de rendición de cuentas.
Chihuahua, Chih., 5 de noviembre de 2026. — La diputada de Morena, Brenda Ríos, cuestionó que las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaran su propuesta para exigir al Gobierno del Estado un informe detallado sobre el destino de los recursos obtenidos mediante el incremento al Impuesto Sobre Nóminas (ISN), que pasó del 3 al 4 por ciento, lo que representó un aumento del 33 por ciento en la tasa del impuesto que paga el empresariado chihuahuense.
Con 14 votos en contra del PAN, PRI y MC, frente a 11 votos a favor de Morena, el Congreso del Estado rechazó solicitar información sobre cuánto dinero adicional se ha recaudado, en qué obras se ha destinado, cuánto se ha contratado y pagado, y qué recursos permanecen pendientes de ejercer.
Durante la discusión, ningún diputado del PAN subió a tribuna para defender el sentido de su voto ni explicar las razones para rechazar la propuesta, pese a que esta buscaba garantizar transparencia sobre recursos provenientes de un esfuerzo fiscal adicional del sector empresarial.
“¿Qué pasó con el 33 por ciento adicional que el Gobierno del Estado le cobró al empresariado chihuahuense? Esa es una pregunta que hoy seguimos haciéndonos. Porque cuando se aprobó el incremento, el argumento fue que ese esfuerzo se destinaría exclusivamente a infraestructura y obra pública”, señaló Brenda Ríos desde tribuna.
La legisladora recordó que, en marzo de este año, la Secretaría de Hacienda presentó ante representantes de INDEX una relación de proyectos que serían financiados con dichos recursos, entre ellos pasos a desnivel, adecuaciones viales, la Deportiva Pistolas Meneses, el Teatro de los Héroes y una planta tratadora de aguas residuales.
Sin embargo, advirtió que “anunciar obras no es rendir cuentas”, por lo que su propuesta también buscaba esclarecer qué proyectos se están financiando con el incremento al ISN y cuáles con el crédito de 3 mil millones de pesos solicitado por el Gobierno estatal, así como la aportación de cada fuente de financiamiento.
Ríos sostuvo que el incremento representa un esfuerzo para las empresas chihuahuenses que generan empleos, sostienen familias y contribuyen al desarrollo económico del estado, por lo que consideró indispensable que el Gobierno explique cómo administra esos recursos.
“Desde Morena no estamos cuestionando la necesidad de invertir en infraestructura. Estamos exigiendo transparencia. Si el Gobierno le pidió un esfuerzo adicional al empresariado, tiene la obligación de demostrar en qué se está utilizando cada peso”, expresó.
Asimismo, recordó que el Congreso no puede limitar su responsabilidad a aprobar impuestos y endeudamiento, sino que tiene la obligación constitucional de ejercer sus facultades de control y fiscalización sobre el uso de los recursos públicos.
Antes de la votación, la diputada emplazó directamente a las bancadas del PAN a definir si respaldarían la transparencia o impedirían que el empresariado conociera el destino de los recursos adicionales que aporta al estado.
“Esta decisión no solamente la veremos quienes integramos este Congreso. También la verá la ciudadanía y, especialmente, el empresariado chihuahuense, que tiene todo el derecho de saber qué se está haciendo con los recursos que aporta”, manifestó.
Finalmente, Brenda Ríos lamentó que la mayoría legislativa rechazara una solicitud que únicamente buscaba obtener información pública sobre la recaudación y el ejercicio del impuesto.
“Que cada quien asuma su responsabilidad frente a quienes pagan este impuesto”, concluyó la legisladora, al reiterar que seguirá exigiendo transparencia sobre el destino de los recursos públicos de Chihuahua.
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